Luego de que durante los gobiernos panistas se otorgara poco más de 40% de los permisos para operar centros de apuestas remotas y salas de sorteos, será el PAN el que presente una reforma a la Ley de Juegos y Sorteos con el objetivo de regular de manera efectiva esta actividad en todo el país.
A pesar de que su redacción está en una etapa temprana, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados trabaja -junto con varios asesores- en la redacción de estas modificaciones para su presentación en la segunda mitad del año, informó el diputado albiazul Humberto Alonso Morelli.
“Más que preocuparnos, nos ocupa; hay que redireccionar las leyes para el servicio de la gente, hay que terminar de regular los casinos y que generen riqueza en lugar de disminuir el patrimonio de las familias mexicanas”, explica el legislador por Veracruz.
Durante los 12 años de gobiernos panistas, poco más de 40% de los permisos otorgados para abrir centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números fueron autorizados, por lo que de las 31 licencias expedidas, 13 fueron autorizadas a través de la Secretaría de Gobernación por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, de acuerdo con lo informado la semana pasada por este diario.
El PAN está consciente de que ha sido duramente criticado por el auge en la apertura de estos centros durante los dos sexenios albiazules: “No se reguló de manera adecuada y no se enfocó esa industria de manera estratégica para la atracción de turistas extranjeros… los casinos en México están hechos para los mismos ciudadanos mexicanos, generando únicamente consumo interno, con la consecuencia obvia de generar disminución en el patrimonio familiar”, explica el diputado panista.
“(Se buscará modificar la de) Juegos y Sorteos, con la finalidad de reglamentar esa actividad y redireccionarla estratégicamente, hacerla más transparente y clara”, asegura.
Aún no es posible conocer de manera detallada el contenido de dicha reforma, la cual no será presentada en el próximo periodo ordinario de sesiones, sino que se planea hasta el siguiente, aproximadamente para septiembre.
El proyecto aún no es conocido por todos los legisladores de la bancada, sin embargo, algunos aseguran que no es tema “fácil” y que muy posiblemente generará “controversia”.
La Ley de Juegos y Sorteos fue promulgada en 1947, en los tiempos de Miguel Alemán y no vio surgir su reglamento hasta 2004. El reglamento permite el establecimiento de centros de apuestas remotas, los cuales, con el permiso correspondiente, pueden captar y operar cruces de apuestas en eventos, competencias deportivas y juegos permitidos por la ley, además de tener la capacidad de realizar sorteos.
Así, la Segob tiene la facultad de otorgar permiso para la instalación de centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números de manera complementaria a permisionarios de hipódromos, galgódromos o frontones, siempre y cuando cualquiera de éstas, sea su actividad preponderante.
Los sexenios panistas, y en específico el sexenio de Felipe Calderón, estuvieron caracterizados por escándalos en este sentido.
Fue durante el sexenio de Calderón en el que sucedió una de las peores tragedias en Monterrey, Nuevo León, cuando el 25 de agosto de 2011 a manos del crimen organizado murieron 52 personas en el Casino Royale.
Días después, salieron a la luz fotografías y videos en el que Manuel Jonás Larrazábal -hermano del ex edil de Monterrey, Fernando Larrazábal- recibía fajos de dinero a manos de “casineros” de la entidad, sobre lo cual su abogado alegó que fue por la venta de quesos y productos regionales. El hermano fue arrestado por el delito de chantaje, pero un mes después fue liberado debido a que representantes del casino en el que fue fotografiado, le otorgó el perdón.
Un mes después de la tragedia, la Secretaría de Gobernación denunció que el Casino Royale funcionaba de manera ilegal desde su apertura, con la complicidad de varios funcionarios federales y la misma dependencia, presentó ante la PGR una denuncia por favorecer casinos ilegales en uso indebido de sus atribuciones contra Manuel Fierro Evans, ex titular de la Unidad de Gobierno de la dependencia cuando Santiago Creel era su titular, y contra Roberto Correa, ex director de Juegos y Sorteos cuando el extinto Juan Camilo Mouriño dirigía dicha secretaría.
El ex edil, que hoy ocupa un lugar en la Cámara de Diputados, ha sido señalado incluso por panistas de Nuevo León como beneficiario de la proliferación de casinos.
Con anterioridad, en mayo de 2010, la Secretaría de Gobernación promovió la creación de la Comisión Nacional de Juegos y Sorteos, la cual sustituiría a la actual Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, sin embargo, el Ejecutivo no presentó la iniciativa al Congreso de la Unión.
En los últimos días se ha involucrado a dos funcionarios del calderonismo con el otorgamiento de licencias a estos establecimientos, Alejandro Poiré, entonces secretario de Gobernación, el cual de acuerdo con Proceso otorgó licencia para la apertura de casi 100 casinos, y Roberto Gil, quien habría recibido dinero a cambio de cabildear con el ex alcalde de Querétaro la apertura de uno de estos establecimientos, de acuerdo a lo publicado en Reporte Índigo.
El segundo ya salió repetidamente a desmentir los dichos de la empresaria Talía Vázquez Alatorre, la cual sostiene que el ex secretario de Gobernación recibió presuntamente 800 mil dólares por haber gestionado la autorización de un casino en Querétaro. Asimismo, levantó una demanda por daño moral en su contra.
Una historia sin resolver
—El 24 de junio de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas decretó la abolición de los casinos en México, señalando que son focos de atracción para el vicio, las mafias y la explotación.
—En 1947, el presidente Miguel Alemán promulga la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a partir de esta fecha el Ejecutivo federal conserva la facultad de autorizar los juegos con apuestas mediante la Secretaria de Gobernación.
—Durante mayo de 2005, el entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel, expidió siete nuevos permisos para operar centros de apuestas y salas de sorteos. Luego, salió en busca de la candidatura presidencial de Acción Nacional.
—El 31 de agosto de 2011, Zona Franca, un medio de Guanajuato, publicó una investigación que involucra a Ricardo Villarreal -hermano del hoy coordinador de los panistas en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal- con el Gran Casino, el cual habría fungido como garante hipotecario ante la empresa que construyó el casino. Villarreal lo ha desmentido en varias ocasiones.
—El 25 de agosto de 2011 a manos del crimen organizado murieron 52 personas en el Casino Royale. El hermano del entonces edil panista, Fernando Larrazábal, fue señalado por recibir dinero de “casineros”. El alcalde de Monterrey defendió a su hermano y fue señalado incluso por los panistas de la entidad, de beneficiarse por la apertura de casinos en Monterrey. Fue coordinador de la precampaña en Nuevo León de Ernesto Cordero y hoy comparte la bancada con Villarreal al ocupar una curul en la Cámara de Diputados.
—Un mes después de la tragedia, la Secretaría de Gobernación denunció que el Casino Royale funcionaba de manera ilegal desde su apertura, con la complicidad de varios funcionarios federales y la misma dependencia, presentó ante la PGR una denuncia por favorecer casinos ilegales en uso indebido de sus atribuciones contra Manuel Fierro Evans, ex titular de la Unidad de Gobierno de la dependencia cuando Santiago Creel era su titular y contra Roberto Correa, ex director de Juegos y Sorteos, el cual entró cuando Ramírez Acuña encabezaba la dependencia y continuó cuando el extinto Juan Camilo Mouriño dirigía dicha secretaría.
—15 de diciembre de 2012, el semanario Proceso publicó que dos minutos antes de concluir el sexenio, Felipe Calderón a través de la Secretaría de Gobernación autorizó dos permisos para operar casi 94 casinos, en el cual está involucrado Alejandro Poiré, entonces titular de esa dependencia.
—El 9 de enero de 2012, Reporte índigo publicó que Roberto Gil —ex secretario de Gobernación en el calderonismo— habría recibido 800 mil dólares por haber presuntamente gestionado la apertura de un casino en Querétaro. El senador desmintió los hechos y levantó una denuncia por daño moral. Asimismo, dicho medio presenta pruebas que buscan acreditar que Julio Esponda Ugartechea, abogado de Margarita Zavala y cercano a Diego Fernández de Cevallos, recibió dinero presuntamente de casinos ilegales.