La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la creación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, la cual se encargará de vigilar y perseguir operaciones de lavado de dinero.

 

“El mejor mecanismo para blindar a la economía formal de operaciones de blanqueo es con el conocimiento del cliente. Sin embargo, desde hace muchos años, el resto de la economía no tenía un marco normativo ni mecanismos de reporte que la protegieran de esa actividad delictiva”, afirmó esta semana José Antonio Meade, secretario de Hacienda.

 

Según la Unidad de Inteligencia Financiera, de enero a septiembre de este año en el territorio nacional se registraron 39 mil 941 reportes de operaciones inusuales en el sistema financiero. Situación que ha encendido los focos rojos de las autoridades mexicanas e incluso de las extranjeras, como sucedió recientemente en el caso de una investigación que llevaron a cabo los estadunidenses en contra de HSBC, demostrando que permitieron lavado de dinero en México durante años.

 

Para evitar que se sigan dando esas actividades, el gobierno federal publicó ayer el decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que entrará en vigor dentro de nueve meses, y 30 días después de eso ya tendrá su reglamento.

 

“La Secretaría será la autoridad competente para aplicar, en el ámbito administrativo, la presente ley y su reglamento”, dice en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

 

“La Secretaría, la Procuraduría  General de la República y la Policía Federal deberán establecer programas de capacitación, actualización y especialización dirigidos al personal adscrito a sus respectivas áreas encargadas de la prevención, detección y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, agrega.

 

El texto indica que la dependencia tiene la facultad de recibir los avisos de quienes realicen las actividades vulnerables, coordinarse con las autoridades supervisoras y de seguridad pública nacional y extranjera, así como presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público de la Federación cuando identifique hechos que puedan constituir delitos.

 

FOCOS DE PREOCUPACIÓN

 

La normatividad establece lineamientos legales que prohíben pagar apuestas, comprar y blindar automóviles, adquirir joyas, relojes, inmuebles, cuando se presuma exista lavado de dinero, y también serán objeto de aviso ante la SHCP esas actividades o cuando cada mes las tarjetas de crédito, débito y cheques de viajero rebasen un tope de gasto establecido por las autoridades.

 

“Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y metales preciosos, en los supuestos siguientes”, dice el decreto.

 

Según el decreto, los mexicanos no podrán entregar derechos reales sobre bienes inmuebles por un valor igual o superior al medio millón de pesos, pagados en efectivo.

 

El gobierno busca que no se repitan, por ejemplo, casos similares al del narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, quien el día de su captura en 2011 fue encontrado en una vivienda en el municipio de Lerma, Estado de México, cuyo terreno costaba más de tres millones de pesos y presuntamente lo adquirió con los billetes en la mano.

 

En efectivo, los consumidores tampoco podrán constituir los derechos reales sobre vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres por un valor de 200 mil pesos, dice la normatividad avalada por el gobierno.

 

Con la legislación, la autoridad intenta que las bandas de crimen organizado ya no adquieran camionetas blindadas como las Cadillac Escalade, que tiene un costo de un millón 150 mil pesos con un blindaje cinco, sin ser registrada la operación.

 

El documento añade que tampoco se pueden transmitir la propiedad de relojes, joyería, metales preciosos y piedras preciosas, ya sea por pieza o por lote, y de obras de arte, por un valor igual o superior a 200 mil pesos.

 

Al narcotraficante Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias El Coss, el día de su detención se le encontró un reloj Titanic-DNA de la marca suiza Romain Jerome, cuyo costo ronda los 15 mil dólares, o más, dependiendo la joyería.

 

La ley también prohíbe la compra en efectivo de boletos que permitan participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos, así como la entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos por un valor igual a los 200 mil pesos.

 

Con la legislación, las autoridades buscan que tampoco se realice una prestación de servicios de blindaje para cualquier vehículo, ni se constituyan derechos de cualquier naturaleza sobre los títulos representativos de partes sociales o acciones de personas morales, ni se transfieran derechos personales de uso o goce de cualquiera de los bienes por 200 mil pesos.

 

ALERTAS

 

La normatividad agrega: “Para efectos de esta ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan”.

 

Los mexicanos tendrá una notificación por las autoridades hacendarias, cuando por apuesta, concursos o sorteos gasten 46 mil 435 pesos. Lo suficiente para comprar tres mil 100 boletos del Melate.

 

Explica que los ciudadanos serán objeto de aviso cuando las tarjetas de servicios o de crédito tenga un gasto mensual acumulado de 80 mil pesos, en tarjetas prepagadas se comercialice una cantidad de 40 mil 202 pesos y se emitan cheques de viajero por 40 mil 202 pesos.

 

Serán objeto de aviso ante la Secretaría, la subasta habitual o profesional de obras de arte por 300 mil 118 pesos, la comercialización de vehículos, nuevos o usados por 200 mil pesos y la venta en efectivo de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes por 101 mil 286 pesos.

 

La Secretaría de Hacienda dice que el objeto de la ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional.