Prácticamente un sexenio llevó comprender y generar una herramienta útil para enfrentar el problema de la delincuencia alrededor de un teléfono celular. La iniciativa no llegó de la autoridad, sino de la sociedad civil. Ese mecanismo es la cancelación de los teléfonos celulares robados o extraviados, que finalmente este año se convirtió en ley.

 

Es importante recalcar que esta iniciativa, impulsada por el Consejo Ciudadano, surge como respuesta al fracaso que representó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), otra iniciativa de la sociedad civil cuya implementación fue un fracaso.

 

Por este motivo, hoy que estamos a unos días de que el 1 de septiembre entre en operación la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, que ordena la cancelación del número de identificación internacional de los teléfonos celulares (IMEI por sus siglas en inglés), es indispensable que la autoridad tome en cuenta a la ciudadanía, o correr el riesgo de que los ciudadanos no se enteren de la norma y por tanto no la usen, lo que significaría fracasar de nueva cuenta.

 

Para entender este razonamiento, vale la pena hacer un poco de historia. El Renaut fue una idea ciudadana, la autoridad la retomó pero relegó la participación de las organizaciones civiles y derivó en un registro sin confianza. Por este motivo, el Consejo Ciudadano decidió llevar la iniciativa de cancelar los IMEI´s de los teléfonos celulares con las compañías telefónicas.

 

De esta forma, en 2010, cuando era evidente que el Renaut era inviable y que se necesitaba una nueva herramienta se generó el Acuerdo de Intercambio de Información para Evitar el Reuso de Teléfonos Celulares Robados, con la participación de todas las compañías de teléfonos celulares, con el que se logró su implementación posteriormente y a la fecha en todo el país hay más de 25 mil aparatos cancelados.

 

La experiencia se retomó en el Senado, a donde fuimos convocados para hablar al respecto y se plasmó en ley. Hoy la autoridad federal se suma al acuerdo y trabaja en este tema también a nivel regional, pero debe hacerlo con la participación social.

 

La participación ciudadana es vital para evitar que una buena idea sea mal implementada y pierda la confianza de la gente. Ese es el llamado. El Consejo Ciudadano pone todo su compromiso, conocimiento generado, experiencia, confiabilidad e información para que este esfuerzo siga el camino de éxito y logro para beneficio de la sociedad.

 

Además, ante el evidente cambio de gobierno, la participación de la sociedad civil garantizaría  la continuidad de este trabajo, ya que este es un proceso que no se detiene ni se reinventa el 1 de diciembre. Por eso el llamado a que la Autoridad Federal se sume a la sociedad civil y que ésta garantice el compromiso, cumplimiento y colaboración de las compañías telefónicas en este trabajo.

 

* Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del DF.