A finales del mes de julio, algunos medios informativos dieron a conocer la creación de la Internet Association, lobby creado por Google, Facebook, e-Bay y Amazon, para promover el desarrollo de internet “abierto, libre e innovador”, cabildeando en Estados Unidos con legisladores los intereses de quienes afirman impulsar una “economía del conocimiento” efectivamente abierta.
A diferencia de iniciativas similares anteriores, el referido lobby -sistema legal de canalización de dinero a los congresistas para que en la Unión Americana defiendan y voten posturas favorables al desarrollo de internet abierto, libre e innovador- será permanente y estará instalado en Washington, D.C. Por ello Michael Beckerman, presidente del lobby y cuyas labores darán inicio en septiembre afirmó: “Internet ya no es sólo Silicon Valley. Internet se ha mudado a Main Street”.
En años recientes algunas de las principales empresas y sectores afectados por el desarrollo de la economía del conocimiento, cabildearon a determinados personajes clave en el gobierno estadunidense para convencerles de la necesidad de impulsar determinadas leyes que, al amparo de combatir la piratería en línea y asegurar los derechos sobre propiedad intelectual, establecen preocupantes limitaciones a la privacidad y el ejercicio de determinadas libertades de las personas.
Dado el carácter multinacional de las empresas y sectores afectados por el desarrollo de la economía del conocimiento, resulta explicable la exportación de tan “legítimos intereses y preocupaciones por los derechos de copyright.
Del efectivo cabildeo de los intereses proteccionistas de las empresas y sectores afectados por el desarrollo de la economía del conocimiento, se desprende la Anti-Counterfeiting Trade Agreement (en castellano: Acuerdo para la lucha contra la falsificación de comercio o ACTA, por sus iniciales en inglés).
ACTA es un tratado comercial plurilateral de adhesión optativa, impulsado por los gobiernos de Estados Unidos y Japón, en respuesta al incremento de los bienes falsificados y obras protegidas con derechos de copyright, reproducidas ilegalmente en el mercado global. Han suscrito ACTA los gobiernos de Australia, Canadá, Corea, Estados Unidos, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, y Singapur. La Unión Europea en bloque determinó rechazar ACTA por considerarla “ambigua” y contraria al pleno ejercicio de las libertades individuales.
El pasado 11 de julio, el gobierno del presidente Felipe Calderón, a través de Claude Heller, embajador de México en Japón -ignorando olímpicamente las recomendaciones al gobierno federal, consideradas en las conclusiones de las sesiones públicas que fueron dedicadas al análisis de ACTA, organizadas por el Senado de la República-, decidió firmar la Anti-Counterfeiting Trade Agreement.
Además de ACTA, otras iniciativas de ley que persiguen similares propósitos han sido presentadas por algunos legisladores, como la Combating Online Infrigement and Counterfeits Act (en castellano: Iniciativa para el combate contra la violación en línea y la falsificación, COICA, por las iniciales en inglés); la Stop Online Piracy Act (SOPA) proyecto de ley que comprende la posibilidad de extender una orden judicial para bloquear la publicidad y las redes de pago que proveen los ingresos y ganancias del sitio infractor, y el bloqueo de los resultados que conducen al sitio a través de los motores de búsqueda -como precisamente ocurrió con WikiLeaks-; la Protect IP Act (Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act. (PIPA) -versión reeditada de COICA.
En respuesta a SOPA, el pasado 18 de enero, la edición en inglés de Wikipedia y más de siete mil sitios web coordinaron la suspensión temporal de sus servicios informativos y enlaces a páginas que explicaban las posibles consecuencias de iniciativas de ley, como SOPA y PIPA.
La creación de la Internet Association inaugura una nueva etapa en la lucha de intereses entre las empresas y sectores que pretenden mantener ganancias y privilegios, y las empresas emblemáticas de la nueva economía, quienes en los años venideros también invertirán considerables sumas de dinero en prestadores de servicios de cabildeo y relaciones públicas, para gestionar el cuidado de sus intereses. ¿Se impondrá quienes presenten la mejor versión de futuro posible o quienes inviertan más dinero?
@octavioislas
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