La Arquidiócesis de México señaló que resultan “débiles” los argumentos de quienes han encontrado en trágicos hechos de Estados Unidos una oportunidad para adjudicarle a esa nación la total responsabilidad de la violencia “desalmada” con que se conducen en México los grupos criminales, al facilitar la compra de armas que terminan por introducirse en nuestro territorio de forma ilegal.

 

En el editorial del Semanario Desde la Fe anotó que ante el tiroteo en un cine de Aurora, Colorado, que dejó 12 muertos y 59 heridos -que en nada depende de nuestro país y de lo que aquí se diga al respecto-, es un error del gobierno mexicano querer convencer que las leyes estadunidenses tienen prácticamente toda la culpa del crecimiento de la violencia que se vive en México.

 

“Sobre todo cuando somos nosotros los únicos responsables de lo que ingresa a nuestro territorio, legal o ilegalmente, a través conductos desconocidos o por las aduanas donde, por cierto, la corrupción es escandalosa y más que evidente”, subrayó.

 

El órgano encabezado por el cardenal Norberto Rivera afirmó que el Estado mexicano vive una batalla contra el tiempo que debe encarar sin miramientos, porque en la medida en que éste avance –sin asumir acciones concretas, esperando a que Estados Unidos actúe– más mexicanos perderán la vida a causa de armas de fuego.

 

De ahí que sería conveniente que el vecino país del norte ejerciera un mayor control en la adquisición de armas por parte de civiles y colaborara más ampliamente con nuestro país para evitar el tráfico de armas, aunque actualmente esto se “antoja inviable” no sólo porque implica modificaciones a su Constitución, sino porque están de por medio intereses “inmorales”, tanto políticos como económicos.

 

El escrito agregó que la postura tradicional del gobierno mexicano ha sido siempre a favor de la reducción y control de armamento -lo cual debe reconocerse-, y cuando lo ha adquirido, ha sido exclusivamente para su protección y defensa; sin embargo, apuntó que la historia mexicana revela que las armas no sólo han sido utilizadas por el Estado o por grupos delincuenciales, sino también, y en gran medida, por civiles, en conflictos internos e incluso en situaciones de violencia comunitaria y familiar.

 

“Esta situación es una realidad y el Estado no puede esperar más para asumir su responsabilidad, no sólo con acciones concretas para un mayor control en sus fronteras, a fin de erradicar el tráfico de armas, sino promoviendo con ahínco los valores y empezando por educar para la paz a las nuevas generaciones”, finalizó.