En medio de las campañas presidenciales estadunidenses, es imposible no tener presente el tema de legislación migratoria dentro de los discursos de los candidatos. Habrá que cuestionar si la atención dedicada a este tema es meramente una narrativa electoral o si en realidad se pretende retomar la discusión.

 

Durante la administración de Obama, las deportaciones han alcanzado sus máximos históricos, sumando hasta 400 mil por año desde el 2009. Han aumentado por el doble, comparado con el primer periodo de la administración del republicano Bush, y en 30% considerando su segundo periodo.

 

Tomando en cuenta el momento histórico en el que se encuentra la sociedad norteamericana, donde la población hispana según el censo del 2010 representa 16.3% del total de la población, resultará una prioridad para el Presidente y su proyecto demócrata en su búsqueda de la reelección proponer proyectos que pretendan “frenar” las deportaciones.

 

Contrastando el discurso migratorio de Obama con la realidad representada en números, cuesta trabajo no ser escéptico al hecho de que el tema abordado no sea más que una táctica para reforzar el voto y apoyo latino a la causa demócrata. Las leyes migratorias estadunidenses no responden a la realidad social y económica del país ya que no consideran la importante aportación económica de la fuerza laboral mexicana. En términos generales, la discusión en torno a la problemática migratoria y su impacto económico, ha estado centrada en la aportación vía remesas para el país de origen de los trabajadores, sin embargo, es indispensable tener presente la contribución que el trabajador indocumentado representa para la economía del país receptor.

 

Lo complicado del discurso es que, en términos generales, las políticas migratorias y fronterizas representan una paradoja. Por un lado, es el papel del Estado-Nación defender y salvaguardad la hegemonía de su población, por tanto se generan controles y restricciones en las fronteras buscando disminuir la entrada de personas indocumentadas a territorios nacionales. Por el otro, es bien sabido que los sistemas capitalistas alimentan sus industrias de la oferta representada en la fuerza laboral barata constituida por trabajadores ilegales.

 

Al día de hoy, según el centro de investigación PEW Hispanic Center, los mexicanos representan el mayor número de inmigrantes viviendo en Estados Unidos, de un total de 50.7 millones de hispanos, 65% se identifican como mexicanos, es decir, 33 millones de personas de las cuales 58% residen en ése país en calidad de indocumentados.

 

En un marco de una rígida jerarquía laboral -en donde existen puestos de trabajo mal remunerados y considerados de bajo status social, que la población doméstica no está dispuesta a aceptar- la industria recurre a una fuerza laboral barata representada en el trabajo de migrantes indocumentados. Es por ello que la presencia del trabajo de inmigrantes sin papeles permite a la economía crecer más rápidamente, sin necesariamente representar un aumento en las presiones inflacionarias. Al contratar mano de obra barata, los bienes de consumo o servicios que producen se pueden ofertar a menores precios.

 

Sin embargo, aquellos trabajadores no sólo satisfacen la demanda del mercado laboral en Estados Unidos, sino que también contribuyen de manera importante en términos de producción, consumo y pago de impuestos. En el año 2010, por ejemplo, se estima que la contribución a los impuestos locales y estatales por viviendas encabezadas por un inmigrante indocumentado sumó 11.2 billones de dólares.

 

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de California en Los Ángeles, los inmigrantes indocumentados aportan 4.9% de la fuerza laboral, que como es de esperarse representa un numero vital para la economía de EU. Por si fuera poco, se calcula que de esos trabajadores, nuestros connacionales contribuyen al Producto Interno Bruto estadunidense con aproximadamente 220 mil millones de dólares.

 

Según el Dr. Raúl Hinojosa Ojeda, director ejecutivo del Centro de Desarrollo e Integración de Norte América de la Universidad de California, legalizar trabajadores supondría efectos positivos para le economía de Estados Unidos. Concluye que, de aprobar el plan de reforma migratoria de 2006, el fisco del país vecino hubiera recaudado 66 mil millones de dólares en nuevos ingresos en un lapso de 10 años. Por otro lado, según la National Foundation for American Policy, de ser legalizados los trabajadores, el sistema del Seguro Social tendría un beneficio neto de 400 mil millones de dólares.

 

Es de vital importancia que durante la discusión de una reforma migratoria se consideren las consecuencias de aprobar leyes como la controversial S.B1070, mejor conocida como Ley Arizona. La problemática migratoria es multifacética y complicada, simplificar la discusión puede ser peligroso. Los inmigrantes indocumentados no solamente llenan un puesto laboral, sino que reactivan la economía al ser consumidores y pagan impuestos que permiten mantener un estado fiscal estable.

 

Por ello una solución más práctica sería considerar liberar, como se hizo con el mercado de bienes, el mercado laboral. Con una política federal que requiera el registro de los trabajadores, su contribución fiscal y su legítima documentación dentro de un marco que respete sus derechos humanos y pueda considerarlos como lo que finalmente son: personas.

 

* Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, estudiante actualmente de la maestría de antropología en Goldsmiths College, University of London. Asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. sofiard@me.com