El gobierno federal decidió regresar al Congreso de la Unión la Ley General de Víctimas, porque la considera débil y que no deja en claro el papel que tiene cada autoridad en el tema, por lo que sugiere una revisión exhaustiva, informó el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Rubén Fernández.

 

“El Poder Ejecutivo, atendiendo el proyecto de decreto de la Ley General de Víctimas, ha formulado una serie de propuestas al Poder Legislativo, para efectos de mejorar, fortalecer y enriquecerlo”, resaltó.

 

El funcionario de la Segob anotó que está acción prevista en la Constitución y no debe verse como un “veto” sino como un planteamiento de mejora al marco jurídico por parte del Ejecutivo.

 

Aseguró que la atribución que tiene el gobierno federal con respecto a este proyecto no es necesariamente vetar, “decir: no va”; es simplemente decir: “tengo estas observaciones” en el ánimo de mejorar el diseño del producto legislativo; de ahí que ya se hayan presentado las observaciones al respecto.

 

En conferencia de prensa, Fernández Aceves asentó que dicha ley obliga al Estado a proteger a todas aquellas personas que padezcan la violación de sus derechos humanos al ser víctima de algún delito.

 

Al preguntarle si la ley estará lista antes de que concluya la administración de Felipe Calderón contestó: “creo que el tema da como para que se resuelva muy pronto este asunto”.

 

El subsecretario de Enlace Legislativo añadió que en los cinco meses que le restan al sexenio se tiene contemplado construir una mesa de trabajo integrada por actores políticos y sociales, con el compromiso “incuestionable” de  tener una ley eficaz en materia de víctimas.

 

“Podemos construir un documento, entre todos, muy rápido, que se ponga a consideración del Congreso de la Unión, incluso pensando en la posibilidad de un periodo extraordinario”, subrayó.

 

Entre los planteamientos de revisión que se hacen, destaca elevar a rango constitucional que los tres órdenes de gobierno atiendan a las víctimas, para que no haya modo de que algún gobierno busque un municipio o estado para “escaparse, digamos”, de su responsabilidad en materia de atención a víctimas.

 

También pide establecer una base constitucional armónica con criterios comunes y responsabilidades claras, para efecto de evitar que las víctimas sufran en el proceso de una “revictimización”, por procedimientos engorrosos.

 

Asimismo, rediseñar los procedimientos de acceso a la justicia de las víctimas, previstos en el proyecto, así como aprovechar la experiencia de Províctima, su estructura, presupuesto y el aprendizaje y especialización, para la atención de las mismas.

 

En lo único que se coincidió es en el contemplar un panorama integral de derechos para las víctimas, que no se base exclusivamente en la reparación del daño, sino también en el acceso a servicios en materia de salud, de desarrollo social y de educación.