La Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con sus homólogos internacionales, rastrea en Estados Unidos y  España el paradero de, por lo menos, ocho  empresarios tamaulipecos presuntamente involucrados en las operaciones de lavado de dinero que habría llevado a cabo entre otros, el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba.

 

Autoridades de la dependencia federal informaron a 24 HORAS que se tienen “indicios” que apuntan a que los hombres de negocios, de no encontrarse en México, estarían en territorio estadunidense o en Europa, muy posiblemente en tierras ibéricas.

 

El martes, este diario publicó que los empresarios Fernando Cano Martínez, Napoleón Rodríguez de la Garza, Alberto Berlanga Bolado, Sayed Mohamed Farough Fatemi Corcuera alias El Gordo, y Eduardo Rodríguez Berlanga La Conga, eran  buscados por la PGR para que testifiquen en torno al caso de lavado de dinero del ex gobernador.

 

Pero no son los únicos. Del intercambio de información con el Departamento de Justicia y la DEA surgieron los nombres de más empresarios, por lo menos cuatro, que también serían requeridos para su declaración, entre los que se encuentran Gabriel Maldonado Pumarejo, Pablo Zárate Juárez, Raúl Javier Morales Cano, y Adrián Gracia Martínez.

 

Aunque los funcionarios de la PGR consultados no precisaron qué tipo de evidencia les permite presumir los lugares en que se podrían ubicar, hay que recordar que en febrero se dio a conocer la emisión de un aviso migratorio girado en contra de tres ex gobernadores de Tamaulipas y de más de 40 personas, entre ellos varios empresarios.

 

Esta alerta, obliga a las autoridades migratorias del país a reportar a la PGR  los movimientos, por territorio nacional y el extranjero, de los nombres incluidos en esa lista, por lo que a partir de entonces comenzaron a monitorear sus movimientos.

 

Los ocho empresarios  que busca la PGR, presuntamente se vieron particularmente favorecidos con diversos negocios durante las administraciones de Tomás Yarrington y de Eugenio Hernández Flores. De ellos, sólo Rodríguez de la Garza se encuentra arraigado en la Ciudad de México.

 

Las investigaciones en Estados Unidos y México apuntan a que los empresarios fungieron como prestanombres de Yarrington para la creación de empresas inmobiliarias, a través de las cuales obtuvieron créditos de bancos estadunidenses, con los que se adquirieron diversos bienes inmuebles en ese país. En poco tiempo, los préstamos fueron cubiertos con dinero proveniente del Cártel del Golfo.

 

Con excepción de Fernando Cano, no se cuenta con órdenes de detención en contra de los empresarios, pero el Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) ha emitido órdenes de localización y presentación para que rindan su declaración y, a partir de ahí, se determine su situación jurídica.

 

Por este mismo caso, la PGR confirmó ayer la orden de arraigo por 40 días concedida por un juez en contra de Sonia de Pau García, ex pareja de Cano Martínez, y quien podría ser la dueña de 50% de todo el patrimonio del  empresario, en el que se incluyen múltiples constructoras, inmobiliarias, desarrollos turísticos, medios de comunicación y tres mil 893 hectáreas en bienes raíces.

 

En la demanda de divorcio 848/2008 que interpuso la mujer en 2008, hizo un resumen detallado de las propiedades del empresario tamaulipeco, e incluyó la participación de varios de los sujetos que ahora la PGR y las autoridades estadunidenses vinculan con  Yarrington.

 

De Pau García también reveló en ese documento los múltiples negocios que su esposo manejaba en México y Estados Unidos, e incluso el pago de más de 200 mil euros para estudios de inversión en Barcelona, España.

 

 LOS NUEVOS EMPRESARIOS BAJO SOSPECHA

 

Conforme los Estados Unidos y México profundizan en la investigación documental y contable sobre las operaciones de lavado de dinero que habría conducido el ex gobernador Yarrington Ruvalcaba, surgen nuevos nombres de empresarios que habrían funcionado como prestanombres en los negocios irregulares.

 

Entro estos se encuentra Adrián García Martínez, empresario vinculado a Cano Martínez en más de una decena de empresas en Estados Unidos, entre ellas “AGM Financial Group”, que según la demanda penal radicada en la Corte del Distrito Sur de Texas, participó en el pago de varios de los créditos solicitados en la compra de bienes raíces.

 

Otro caso significativo es el de Pablo Zárate Juárez, quien según lo plasmado en la demanda de divorcio 848/2008, recibió en el año 2002 más de 22 millones de pesos de una de las empresas de Cano para fines desconocidos.

 

Zárate llama la atención también por su desempeño en el servicio público en el Estado de México y en Tamaulipas. Entre 1991 y 1993 fue director de la Policía Municipal en Atizapán de Zaragoza, y luego se desempeñó como Jefe Operativo de la Policía de Matamoros cuando Yarrington ocupó la presidencia municipal de ese ayuntamiento.

 

Se trata por cierto, del mismo lapso de tiempo en el que Eduardo Costilla alias El Coss, actual líder del Cártel del Golfo, formó parte de esa misma corporación policiaca.

 

Luego, regresó al municipio de Atizapán donde fue nombrado Director de Administración durante el gobierno del edil Luis Felipe Puente Espinosa, quien ocuparía posteriormente el cargo de secretario de Transporte del Estado de México en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

 

En tanto, Zárate fue nombrado por el entonces gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington como titular del Instituto Tamaulipeco para la Vivienda Urbana.

 

Medios locales del estado reportan que hoy en día, Zárate participa activamente en la coordinación de actividades y eventos relacionados con la candidatura de Peña Nieto, que se llevan a cabo en el estado.

 

Por otro lado, Gabriel Maldonado Pumarejo es un connotado empresario del ramo inmobiliario y turístico del estado,  presidente de la compañía “GMP”, y quien al igual que en los otros casos, obtuvo varios contratos de inversión en los gobiernos de Yarrington y su sucesor Eugenio Hernández Flores.

 

En la multicitada demanda de divorcio, García sostuvo que su entonces esposo le entregó entre 2005 y 2006 a GMP más de 11 millones 500 mil pesos, y que supuestamente serían destinados al proyecto turístico de “Las Pesca”, impulsado por Hernández Flores, el cual nunca se concretó.

 

Por lo que respecta a Raúl Javier Morales Cano, este trabajó como contador de Fernando Cano Martínez, y figura además como propietario de la compañía de medios local “Cable Capital la Nueva Imagen”, que en realidad pertenece también al ex esposo de García.

 

NUEVE BANCOS

 

De acuerdo con la demanda B-12-435 radicada en la Corte del Distrito Sur de Texas, al menos nueve  bancos de México y Estados Unidos fueron utilizados por el empresario Fernando Cano Martínez y sus cómplices, para lavar los recursos supuestamente ilegales del ex gobernador Yarrington Ruvalcaba.

 

En Texas, los bancos Lone Star National Bank, First National Bank y Falcon International Bank, otorgaron tan sólo entre 2006 y 2009, créditos por casi 20 millones de dólares a las empresas creadas por Cano y sus cómplices, los cuales fueron invertidos en la adquisición de propiedades, terrenos y condominios.

 

El costo de esos créditos fue cubierto casi de inmediato por Cano a través del dinero potencialmente ilícito, que fue depositado en cuentas de los bancos HSBC, ScotiaBank, BBVA Bancomer, Banamex, y Banregio.

 

El dinero fue dirigido desde las cuentas mexicanas hacia Estados Unidos a través de la administradora de fondos Monex, consumándose así el potencial lavado, establece el documento que integró el Departamento de Justicia de Estados Unidos.