BOGOTÁ. El Congreso de Colombia avanza, en medio de la polémica, hacia un marco legal que permitiría negociar la paz tras casi 50 años de conflicto a partir de nuevos instrumentos que facilitarían la desmovilización de los alzados en armas.
El llamado Marco Jurídico para la Paz, que implica una reforma constitucional, entrará la semana próxima en una fase decisiva en el Senado tras superar seis de ocho debates y tener ya el visto bueno de la cámara baja.
La iniciativa está dirigida principalmente a las guerrillas de las FARC y ELN, pero también a los agentes del Estado que hayan cometido crímenes, quienes serían sometidos a una instancia jurídica especial.
Su presentación partió del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y los ponentes oficialistas aspiran a que se apruebe antes del 20 de junio, cuando termina la actual legislatura.
El proyecto ha avanzado pese a las críticas de distintos sectores que van desde organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional hasta políticos derechistas, entre ellos el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), que advierten de que abriría paso a la impunidad.
Por el contrario, el director para América Latina y el Caribe de la organización International Crisis Group, el peruano Javier Ciurlizza, cree que la mayor virtud del Marco para la Paz es resucitar el debate político en torno a un proceso de paz en Colombia.
“Volver a hablar de paz en un sentido de negociación o de sometimiento, cualquier mecanismo es bueno para que el país discuta qué tipo de paz quiere”, indicó Ciurlizza, quien reclamó que ese punto debe aclararse a priori, dado que el texto no deja claro qué modelo propone.
El que fuera secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú y uno de los autores del informe final sobre la guerra interna que se libró en ese país recordó que el marco legal que se discute en Colombia ofrece el primer debate sobre la paz desde las fallidas negociaciones con las FARC que se llevaron a cabo entre 1998 y 2002.
El senador oficialista y ponente de la controvertida norma, Roy Barreras, despejó algunas dudas y confirmó que no se contemplan indultos ni amnistías, aspectos que preocupan a los críticos.
Lo que se va ofrecer es “una oferta de justicia alternativa, en la que los máximos responsables de los crímenes serán investigados y sancionados, mientras que el resto podrán desmovilizarse y reintegrarse socialmente”, explicó Barreras.
La condición previa para un acuerdo de paz, según el texto, será la liberación de los secuestrados en poder de los grupos ilegales.