Originado como un foro de discusión y análisis sin fines de ejecución, el G-20 se ha convertido, a través de distintos mecanismos, en el foro más importante de discusión y decisión de políticas económicas aplicables a nivel global y que derivan en la obligatoriedad de los países de asumir compromisos dirigidos a la estabilidad financiera y económica del mundo.
Esta influencia ha sido mucho más notoria en el diseño y ejecución de políticas económicas en entornos de crisis de carácter global, como la que se ha ido materializando desde 2007, en donde prácticamente todas las medidas dirigidas a la estabilidad financiera son diseñadas por las distintas instancias de estudio y discusión del G-20 y deben ser suscritas por las autoridades de las economías representadas individualmente en esa organización y, de manera deseable, por todas las economías mundialmente.
En su alcance, esas medidas no solamente mantienen como la parte fundamental de dicho proceso la definición del papel que deben jugar los sistemas financieros nacionales y sus instituciones en el objetivo de contribuir a la estabilidad financiera mundial, sino que van más allá, estableciendo los marcos de aplicación de las políticas monetarias y fiscales por parte de los gobiernos de los países, reduciendo los grados de libertad de los mismos para un diseño autónomo de políticas nacionales que tienen un impacto importante sobre el crecimiento de la producción y el empleo.
Así, la primera respuesta a la crisis mundial actual fue la de fortalecer la regulación y la supervisión de los sistemas financieros, tratando de corregir las deficiencias o errores no previstos en las regulaciones y procesos de supervisión anteriores a 2007, aunque muchos de ellos habían sido señalados en estudios académicos nacionales y de universidades y centros de investigación de otros países, así como de las propias instituciones mundiales como el Banco Internacional de Pagos y el FMI. Las decisiones de mayor relevancia que pretenden atacar el origen de las crisis abarcaban desde modificaciones fuertes a las formas de registro contable de las operaciones e instrumentos, hasta modificaciones jurídicas que implicaban nuevas formas de calificación de la solvencia crediticia de las instituciones y empresas emisoras.
Los primeros cuestionamientos se dieron en la validación nacional de dichas sugerencias de mayor regulación y fueron realizados tanto por las empresas del sector financiero como por las propias instancias de supervisión y los congresos o parlamentos de algunos países, y señalaban la necesidad de evaluar a profundidad dichas medidas para no interferir con el comportamiento natural de los mercados, la influencia de las mismas sobre el costo regulatorio, y por ende del capital; así como cuestionamientos sobre la moralidad de algunas instituciones o empresas que forman parte de la red de seguridad de los sistemas financieros como las empresas calificadoras, y el funcionamiento de los mercados de derivados y la posibilidad de estandarización de algunos de los productos que se comercializaban en los mercados sobre el mostrador u over the counter. Otros señalamientos partían de la base de la prociclicidad observada en algunas de las medidas instrumentadas en materia de medición y control de riesgos, y la necesidad de contar con políticas macroprudenciales que pudieran ponerse en práctica ante situaciones de inestabilidad. También parte relevante de la discusión sobre este último punto ha sido el análisis de las limitantes de la teoría económica convencional en el planteamiento de soluciones en situaciones de crisis.
La resultante de esta discusión, ha sido la conformación de grupos que han realizado un esfuerzo importante por atacar los puntos que se han considerado como los de mayor relevancia para regresar a la economía mundial a una situación de estabilidad en el corto plazo. Entre los de mayor importancia se encuentran: mejorar la solidez del sistema bancario; evaluar a las instituciones sistémicamente importantes; expandir y afinar el perímetro regulatorio; mejorar los mercados de derivados sobre el mostrador y de futuros de bienes; desarrollar marcos y herramientas macroprudenciales; fortalecer la convergencia de las normas –estándares– contables; fortalecer la adhesión a las normas financieras internacionales y otros aspectos.
Entre éstos, se encuentran: la reducción de la importancia en las empresas calificadoras; aspectos de la estabilidad financiera en economías emergentes y en desarrollo; protección a los usuarios de servicios financieros; integridad y eficiencia de los mercados; grupos consultivos regionales de la junta de estabilidad financiera, y capacidad, recursos y gobernanza de la misma junta.
Todos los tópicos anteriores se han acordado al interior de los distintos grupos y se han traducido en políticas y medidas en los países con distintos grados de ejecución, y en algunos casos todavía existen discusiones para los plazos de instrumentación. Es de destacar el caso de México, país que ha instrumentado – o se encuentra en proceso de instrumentación – prácticamente todas las medidas sugeridas.
No obstante lo anterior, también es claro que a pesar de las medidas acordadas y su instrumentación parcial o total, en algunas economías todavía subsisten problemas importantes que se reflejan en el comportamiento económico mundial y en algunas regiones y países con mayor medida. Tal es el caso de la Unión Europea y de algunas de las economías integrantes como Grecia, Italia, España e Irlanda, y aún las economías más fuertes como Francia y Alemania. La asunción de muchas de estas medidas ha restado capacidad a los gobiernos de los países para resolver los problemas que se observan en el comportamiento de la producción y en los mercados de trabajo.
Otros aspectos no resueltos se relacionan con el enfoque de Basilea y los costos de regulación en los mercados, la necesidad de reconsiderar las medidas procíclicas, los tiempos de instrumentación de las medidas, el costo del capital y los efectos sobre los procesos de inversión, la necesidad de profundizar en la teoría económica y los enfoques complementarios y alternativos en economías con necesidades crecientes como la mexicana y, sobre todo, en la necesidad de vincular los propósitos de la estabilidad financiera, el papel del sector financiero y el fortalecimiento del sector real de la economía.
Las reuniones preparatorias de la cumbre del G-20, prevista para junio y presidida por México, son una oportunidad para tratar estos y otros temas que fortalezcan la perspectiva de una economía mundial fuerte y que amplíe los grados de libertad en la administración de las políticas económicas de los países de acuerdo a sus condiciones y necesidades, en un marco de estabilidad sustentada en el crecimiento del empleo y la producción. México tiene la calidad moral que le da el cumplimiento estricto de los compromisos internacionales para plantearlo.
* Doctor en Economía, profesor y tutor en el postgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y coordinador del Centro de Investigación y Estudios en Economía Financiera (CIEEF). jmuch20112@gmail.com