La Fiscalía Anticorrupción española cifró en 5,8 millones de euros (unos 7,5 millones de dólares) el dinero que Iñaki Urdangarin, yerno del rey Juan Carlos I de España, y su socio Diego Torres percibieron presuntamente de manera irregular cuando dirigían el Instituto Nóos.

 

 

Estos datos aparecen reflejados en la documentación del caso Palma Arena, que investiga las actividades del Instituto Nóos, tras levantar el magistrado Pedro Castro el secreto de sumario e imputar a Urdangarín, quien ha sido citado a declarar el 25 de febrero.

 
Según el informe de la Fiscalía Anticorrupción española fechado el pasado 2 de noviembre, el yerno del Rey y su socio percibieron entre 2004 y 2007 del Instituto Nóos, “a través de compañías mercantiles de las que son propietarios y administradores”, un total de 5.810.120,28 euros.

 

 

Esa cantidad es prácticamente idéntica a la que, en ese mismo periodo, el Instituto recibió de organismos públicos españoles, que la Fiscalía cifra en 5.804.533,90 euros, abonados por el gobierno regional de Valencia y de las Islas Baleares.

 
La mecánica de desvío de fondos descrita por la Fiscalía en sus informes consistía en que, una vez obtenidos -sin concurso previo- los encargos, el Instituto Nóos encomendaba los trabajos a sociedades mercantiles propiedad de los propios Urdangarin y Torres.

 
El fiscal Pedro Horrach dice, en este sentido, que el yerno del Rey y su socio “se subcontratan a sí mismos” para desarrollar una labor encomendada al Instituto Nóos, “aparentemente una asociación sin ánimo de lucro”, aunque “lo que deriva de esa subcontratación (…) es precisamente la concurrencia de un ánimo desmedido de lucro”.

 
Los beneficios eran muy significativos, según el representante del Ministerio Público español, ya que Nóos presentaba “presupuestos ficticios” y se fijaban precios “totalmente desproporcionados”.

 
Además, el recorrido del dinero percibido por Nóos no acababa en las mercantiles propiedad del yerno del Rey y de su socio porque según la investigación éstos tejieron una “estructura societaria” en Belice y en el Reino Unido que usaron supuestamente para desviar al menos 909.940 euros (alrededor de 1.176.09 de dólares).

 

 

La documentación intervenida en algunos de los registros practicados señala que se contrató a un abogado para crear y organizar esta estructura y también que “las personas a favor de las cuales se crea dicha estructura fiduciaria son Diego Torres e Iñaki Urdangarin”, ya que en los documentos aparecen las iniciales “DT” e “IU” como los destinatarios de la información.

 
El esposo de la infanta Cristina, hija menor del rey de España, fue imputado la pasada semana por el juez Castro por los presuntos delitos de malversación, fraude, falsedad documental y prevaricación en torno a sus actividades al frente del Instituto Nóos.

 
La imputación se produjo después de que la Fiscalía Anticorrupción de Baleares apuntara a un “entramado societario” urdido supuestamente por Urdangarin y Diego Torres para apoderarse de fondos públicos y privados que recibió el Instituto Nóos.