Irregularidades en el material probatorio, la muerte de uno de los procesados, y amparos ordenados por jueces federales en favor de los detenidos, tienen en jaque el proceso penal impulsado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en contra de la banda denominada La Flor, a la que se responsabiliza de múltiples plagios, entre ellos el de Fernando Martí.

 

Por estas razones, el caso prácticamente paralizado y los acusados llevan tres años presos y sin recibir sentencias.

 

En septiembre del año 2008, el recién nombrado procurador General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció la desarticulación del grupo delictivo, liderado por el ex agente judicial Sergio Humberto Ortiz Juárez, alias El Apá, y la agente de la AFI Lorena González Hernández, La Lore.

 

También se aprehendió a los elementos de la Policía de Investigación José Luis Romero Ángel y Fernando Hernández Santoyo, a los hermanos Noé e Israel Cañas Ovalle, y a Marco Antonio Moreno Jiménez.

 

El Juzgado 32 en Materia Penal del Reclusorio Sur inició dos procesos contra los acusados, el 292/2008, por 11 casos de secuestro, cuatro homicidios, además de los delitos de delincuencia organizada y robo, y el 110/2009, por tres secuestros y dos homicidios.

 

Sin embargo, luego de tres años del proceso, y de múltiples audiencias de alegatos y desahogo de pruebas, los juicios se encuentran paralizados, sin que haya fecha alguna para conocerse una sentencia, y con la posibilidad real de que se tengan que reiniciar los procesos por un número mucho menor de delitos.

 

Los amparos otorgados por los jueces Noveno y Décimo de Distrito en favor de varios detenidos, han confirmado las irregularidades advertidas por los abogados defensores, quienes han sostenido que sus clientes fueron procesados con pruebas sobrevaloradas y hasta falsificadas.

 

En sus resoluciones, los jueces federales concluyeron que no se acreditaba la presunta responsabilidad de los detenidos en todos los delitos que se les imputaron, por lo que ordenaron que los procesos fueran repuestos según correspondiera.

 

Romero Ángel y Hernández Santoyo fueron los primeros en obtener el amparo, lo que obligó al juez a retirarles ocho de los 11 secuestros que se le imputaban en la causa 292, mientras que la causa 110 está en revisión. Moneno Jiménez ha solicitado también la protección de la justicia federal, y se espera que en enero consiga los amparos.

 

Más significativo es el caso de la La Lore, quien este año obtuvo amparos en contra de las dos causas penales, los cuales dejaron sin efecto los autos de formal prisión dictados en su contra. La PGJDF y la PGR apelaron las determinaciones, pero la semana pasada un Tribunal Colegiado confirmó una de ellas, y se espera que en breve ocurra lo mismo con la segunda.

 

El supuesto líder del grupo delictivo, Sergio Ortiz Juárez, también buscaba interponer las demandas de amparo correspondientes; sin embargo, esto se vio interrumpido con su muerte el 12 de noviembre del 2009.

 

Las irregularidades

 

El caso de la PGJDF en contra de La Flor comenzó a complicarse el 17 de julio del 2009 cuando la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP) presentó a Noé Robles Hernández, quien declaró que los plagios de los jóvenes Fernando Martí y Antonio Equihua habían sido cometidos por la banda de Los Petriciolet, y desmintió la participación de El Apá, La Lore, o de una supuesto grupo conocido como La Flor.

 

El 23 de septiembre de ese mismo año, la Policía Federal detuvo al líder del grupo delictivo, Abel Silva Petriciolet. Públicamente, el delincuente confirmó la autoría de múltiples secuestros, y aseguró que desconocía quienes eran los detenidos y consignados por la PGJDF.

 

El 16 de abril del año 2010, la SSP presentó la captura de María Elena Ontiveros Mendoza, alias La Güera, quien confesó que fue ella la que le marcó el alto al vehículo de Martí en el falso retén que facilitó su captura. Según la PGJDF, La Lore es quien había realizado esta función.

 

El caso armado por Mancera sembró aún más dudas, luego de que los abogados defensores advirtieron problemas serios en el material probatorio.

 

Destaca, por ejemplo, que las credenciales del IFE de los testigos del Barrio de Tepito que vinculan a El Apá y La Lore resultaron ser falsificadas, y que dichas personas nunca fueron encontradas de nuevo. La PGR inició una averiguación por estos hechos.

 

También se advirtieron dudas sobre la veracidad de la declaración de Christian Salmones Flores, chofer de Fernando Martí, quien reconoció visualmente a Lorena González en el retén, pero luego resultó que padecía supuestos problemas de miopía.

 

Otro ejemplo es en el caso de la causa penal 110/2009, donde en primera instancia, la misma defensa de los inculpados tuvo que interponer un amparo en abril del 2009, para que la PGJDF cumplimentara las órdenes de aprehensión que había solicitado contra los miembros de La Flor, pero que por algún motivo no había cumplimentado, frenando el inicio del juicio.

 

Luego resultó que la principal víctima y testigo de ese juicio, el ingeniero José Domínguez Palacio, primero se identificó con una cédula profesional falsificada ante el juez, y después no se presentó a las audiencias del proceso, pese haber sido citado en al menos cuatro ocasiones.

 

Incertidumbre procesal

 

Rodrigo Higuera, abogado de La Lore, advirtió que los amparos concedidos a los inculpados obligarán al juez a dictar nuevos autos de formal prisión, es decir, a reiniciar los juicios desde el principio por los delitos que puedan acreditarse. La defensa espera aprovechar esta situación para que se valoren todas las irregularidades, y desestimar las acusaciones del Ministerio Público.

 

Autoridades del Tribunal Superior de Justicia del distrito Federal señalaron a 24 HORAS, que los juicios están prácticamente “paralizados”, y que no hay certidumbre sobre si habrá dictado de alguna sentencia en el corto plazo.

 

En este contexto, los seis integrantes de la banda de La Flor cumplirán este diciembre 40 meses en prisión.