La Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León concluyeron que las 52 muertes ocurridas en el incendio del casino Royale, son responsabilidad exclusiva de los sujetos que provocaron la conflagración y no por falta de medidas de seguridad en el lugar.

 

Peritajes en química, fotografía, incendios, protección civil y mecánica de hecho, entre otros, concluyeron que luego de casi 100 días de ocurridos los hechos, se concluyó que las muertes son propias de un hecho de violencia más como los que han golpeado al estado en los últimos meses.

 

Los resultados de esta parte de las investigaciones fueron dados a conocer en una conferencia conjunta del procurador de Nuevo león, Adrián de la Garza, y el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Cuitláhuac Salinas.

 

De la Garza explicó que las instalaciones del casino contaban con la mayoría de las medidas de seguridad elementales, entre ellas ocho puertas de salida o entrada, 40 extintores bien señalizados, y rutas de escape habilitadas.

 

Subrayó que si bien existían anomalías como algunas señales que no se aprecian en una visión de 360 grados, o una puerta de empleados con seguro, eso no incidió de forma alguna en las muertes, las cuales son resultados de un siniestro a gran escala provocado por un grupo armado, y no de un incendio accidental provocado por una colilla o un corto circuito.

 

“Aquí ingresaron señores que tenían 10 garrafones con capacidad de 20 litros cada uno, rociaron 200 litros de gasolina (…); el MP ha concluido, según los peritajes, declaraciones y demás evidencia que obra en la averiguación, que aun cuando prevaleciera cualquier medida de seguridad y de prevención de riesgos, esta no hubiera sido suficiente para controlar un incendio como el provocado”, apuntó.

 

El procurador de Nuevo León añadió que los peritajes en química practicados a distintos materiales, entre ellos alfombras, telas, muebles y recubrimientos, corroboraron que se tenían los retardantes de incendios que corresponden.

 

En este sentido, agregó, no hay responsabilidad penal atribuible a los administradores o dueños del casino, por la muerte de 52 personas la tarde del pasado 25 de agosto.

 

 

Falta detener a 18

 

Cuitláhuac Salinas indicó que del análisis completo de la información y la evidencia recabada, se verifica que en el ataque al casino Royale participaron hasta 36 personas pertenecientes al grupo delictivo de Los Zetas, y que el móvil sigue siendo una venganza por un intento de extorsión a los propietarios.

 

El responsable de la SIEDO puntualizó que hasta el momento hay 16 detenidos y procesados por estos hechos ante el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Matamoros, Tamaulipas, por diversos ilícitos del orden federal, entre ellos delincuencia organizada, delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad, y portación de armas y granadas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

 

Entre las personas que siguen prófugas y a las que se responsabilizan del incendio, se encuentra la máxima cabeza de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, alias El Lazca, por quien se ofrece una recompensa de 30 millones de pesos, así como los lugartenientes Francisco Medina Mejía, El Quemado, y Baltazar Saucedo Estrada, El Mataperros, sobre los cuales hay una recompensa de 15 millones de pesos.

 

Salinas recordó además que la PGR tiene abierta otra averiguación previa por las responsabilidades penales o administrativas que deriven en materia de los permisos otorgados al casino, pero hizo énfasis en que no tiene relación directa con los homicidios.

 

 Se quieren lavar las manos: víctima

 

Samanta Pérez, una de las sobrevivientes del incendio del casino, y quien perdió un hijo en esos hechos, reprobó los resultados del peritaje anunciado ayer, y acusó a las autoridades federales y locales de quererse “lavar las manos” en los hechos, eximiendo de responsabilidades a servidores públicos y empresarios.

 

En entrevista con medios de comunicación en Monterrey, calificó como “indignante” el que se diga que no hubo fallas de seguridad, cuando ella presenció como las puertas estaban bloqueadas e incluso existían algunas selladas, lo que ocasionó incluso que los cuerpos de emergencia tuvieran que utilizar maquinaria para abrir un boquete en el inmueble.

 

“Yo estaba ahí dentro y no había forma de salir, las puertas de seguridad estaban bloqueadas con máquinas y otras cosas, había otra puerta falsa cubierta con aluminio que la pobre gente intentó arrancara en la desesperación; el mismo personal del casino mandó a todos al segundo piso ya que por abajo no había hacia donde ir”, afirmó.

 

La mujer dijo estar defraudada del gobernador Rodrigo Medina y del presidente Felipe Calderón, y adelantó que junto con otras víctimas promoverá un peritaje particular que llevaran ante las instancias que corresponda, para comprobar la responsabilidad que tuvieron los dueños del casino y las autoridades que les permitieron operar en esas condiciones.