“La Suprema Corte de Justicia está violando varios artículos de la Constitución que le aseguran a la mujer una serie de derechos” aseguró Jorge Carpizo, ex secretario de Gobernación y ex procurador general de la República, y en este sentido, “el país debería estar indignado” por la violación de derechos humanos.

 

Esta aseveración se da en relación con la discusión llevada a cabo en la Suprema Corte de Justicia en septiembre pasado en la que no se alcanzó la mayoría absoluta de los ministros para implementar reformas a las leyes como la de Baja California o San Luis Potosí, las cuales defienden el derecho a la vida desde su concepción y por lo tanto criminalizan el aborto.

 

La Suprema Corte de Justicia, al no obtener una absoluta mayoría, no emitió una resolución que pudiera declarar como inconstitucional las legislaciones de los estados impugnados, sin embargo, como explica Diego Valadez, jurista y ex ministro de la corte, “al no resolverse se está resolviendo, es una especie de resolución negativa, porque no hubo resolución formal pero sí hubo el efecto jurídico real y es la constitucionalidad de dos abominables reformas en Baja California y San Luis Potosí, y de alguna manera, de los otros estados”.

 

De acuerdo con los especialistas, estas reformas violan derechos humanos de las mujeres al no dejarlas decidir sobre su cuerpo y al violar el artículo primero constitucional sobre la igualdad y la no discriminación al no proporcionarles los servicios de salud necesarios.

 

La discusión en la Corte realizada en meses pasados se centró en la discusión sobre si el derecho a la vida defendido en las constituciones de dichos estados se contrapone con los derechos reproductivos de la mujer. Siete de los ministros estimaron que sí hay lugar para dichos derechos, mientras que otros tres no lo hicieron, lo cual no permitió tener la mayoría absoluta necesaria para declarar inconstitucional y permitir una reforma a la ley en esta materia.

 

El jurista aseguró que “las reformas constitucionales en las entidades federativas, que están diciendo que la vida humana comienza desde la concepción, tienen una base falsa y acientífica”, y que la gravedad radica en que “con esa base falsa están penalizando el aborto y violando una serie de derechos humanos que están en la Constitución”.

 

El ex rector explicó que el aborto no es deseable en ningún caso, ya que se necesita mayor educación sexual, sin embargo, ponderó su importancia en casos de violación, o de fallo de algún método anticonceptivo.

 

Tanto San Luis Potosí como Baja California, así como 16 estados más, defienden en sus constituciones el “derecho a la vida desde su concepción”. Paradójicamente, “no hay una definición clara de qué se entiende por concepción, sólo se señala que el derecho a la vida está defendida desde la concepción, pero eso convierte a cualquier interrupción del embarazo en algo ilegal”, explica Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

 

Carpizo, también ex rector de la UNAM, explicó uno de los puntos violatorios desde la perspectiva de la ciencia: “Todos estamos de acuerdo que hay que defender la vida humana a morir, pero el problema está, en ¿cuándo empieza la vida humana? Hay que diferenciar la vida y la vida humana, vida, es la de animales y plantas. ¿Cuál es la diferencia entre el genoma humano y el de un chimpancé? un 1%. ¿Qué está en ese 1%? La corteza cerebral”. El investigador argumenta que la corteza humana empieza no en el momento de la concepción, sino entre la semana 20 y 24 de gestación.

 

En este sentido, Carpizo y varios de los especialistas participantes del ciclo de conferencias “Alcances, limitaciones y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia en los casos Baja California y San Luis Potosí”, organizado por la UNAM, se pronunciaron a favor de la legislación capitalina, la cual permite la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

 

El investigador aseguró que las cifras, que por la prohibición no son exactas, arrojan que en México se practican entre 500 y un millón 200 mil abortos.