El derecho a la justicia es un derecho fundamental. Es “el derecho de los derechos”, define el jurista italiano Franco Ippolito, juez de la Corte Suprema de Casación de Italia que ha aceptado el encargo de ser jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en la sección México, que se instaló formalmente el pasado viernes 21 de octubre.

 

“Estamos aquí para visibilizar la real y dolorosa situación de México que, como ha dicho mi colega (el jurista francés Philippe Texier, otro de los jueces internacionales), tiene una buena imagen internacional porque ha firmado todos los tratados internacionales de derechos humanos. Lo que a nosotros nos tocará mostrar es si se cumplen o no”, explica Ippolito.

 

El TPP es un tribunal moral que existe a partir de 1979. Ha sesionado en unos 40 países y tiene el objetivo de convertir en permanente la función desempeñada por los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras en América Latina.

 

Su función es calificar, en términos de Derecho, aquellas situaciones en las que se denuncian crímenes contra la humanidad.

 

A petición de distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, la Fundación Lelio Basso, que tiene a su cargo la continuidad del TPP, aceptó abrir un expediente de la situación mexicana en siete temas: guerra sucia, impunidad y acceso a la justicia; feminicidio y violencia contra las mujeres; violencia contra los migrantes; precarización y desregulación laboral; violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía; devastación ambiental y los efectos de la industrialización capitalista en los territorios de pueblos indios, y medios de comunicación.

 

El juicio se instaló el viernes en la Universidad Nacional Autónoma de México, con la presencia del secretario general del TTP, Gianni Tognoni, y de dos jueces internacionales que participarán en el jurado (Ippolito y Texier), y concluirá en los primeros meses de 2014.

 

En una breve entrevista con 24 horas, Ippolito, quien fue presidente de la Asociación Italiana de Juristas Democráticos, explica los alcances del trabajo que realizarán en México.

 

“El Tribunal busca dar voz a las víctimas individuales y colectivas. Nuestro fundamento es el derecho a la justicia como derecho fundamental. Es una instancia internacional moral, no tiene un carácter vinculatorio legal, y no tiene fuerza para obligar a los estados a cumplir la sentencia, pero tiene la posibilidad de visibilizar los resultados a la opinión pública mundial”.

 

¿Qué pasa si el gobierno decide ignorar el proceso y los resultados?

 

Estamos acostumbrados en muchos países a hablar con gente, escuchar testigos directos, personalidades y dependientes, y por lo tanto no nos sorprende que el gobierno, que normalmente es acusado por las organizaciones, muestre indiferencia a lo que hace el TTP. Lo realmente importante es que al final se muestra al mundo lo que el gobierno no quiere que se muestre.

 

Entre la instalación y la sentencia habrán pasado más de dos años. ¿No es mucho tiempo? En otros lugares el proceso no ha sido tan largo…

 

Esto es un método que comenzamos a usar en Colombia (2006-2008) porque era una situación compleja y dio buenos resultados. Estamos contentos de que los organizadores en México quieran repetir la experiencia colombiana; sobre todo es interesante porque pone en marcha una dinámica de participación ciudadana que al final es más importante que el propio juicio de los tribunales. La participación ciudadana es la base de la democracia.

 

¿No es un riesgo para la credibilidad del TTP iniciar este juicio cuando está en puerta en México una elección presidencial?

 

La idea de las siete audiencias que se desarrollarán en los próximos dos años es la demostración de que el juicio no tiene ninguna vinculación con el proceso electoral, no tiene referente a un partido específico, sino al Estado mexicano, independientemente de quien gane las elecciones.

 

Partimos del fundamento jurídico de que todo el pueblo tiene derecho a su identidad, sus tradiciones y sus propias vías de desarrollo, y de que los derechos humanos están por encima de la propiedad de los poderes y de la libertad económica. El modelo económico debe estar sometido a los principios de los derechos humanos y cuando hay consideraciones para pensar que son fuertemente violentados en un país, entonces la Fundación valora instalar el tribunal.

 

¿Cuál es el criterio de selección de los jurados?

 

En el TTP hay unos 130 jueces de muchos países y no hay una elección como tal. Tampoco hay un número fijo de participantes en el jurado, depende de la complejidad de las audiencias, pero tiene menos de ocho o nueve componentes, que son juristas, economistas, sociólogos, antropólogos, y el perfil que deben tener tiene tres condiciones: integridad moral, competencia técnica e independencia.