Durante el actual sexenio, las denuncias por el delito de extorsión superaron la cifra de los 50 mil, siendo esta administración la que muestra mayor incidencia de este crimen en los últimos 18 años.

De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al corte de abril de este año la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador registra 50 mil 225 denuncias por dicho delito. 

Dicha cifra supera en 64.30 por ciento a lo registrado en el gobierno del panista Felipe Calderón y en 59.95 por ciento a la contabilizada en la administración del priista Enrique Peña Nieto.

En su reporte de 2019 “La extorsión en México”, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INCP) refiere que: “para el periodo de Felipe Calderón (2006-2012) la extorsión alcanzó un techo máximo de 32 mil 318 denuncias (…) En cuando al sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se iniciaron 30 mil 131 averiguaciones previas”

Al respecto, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), señaló que pese a lo que señalan continuamente las autoridades federales, el delito de extorsión no ha disminuido, incluso va al alza¡.

“La extorsión es un delito que ha crecido notablemente. Particularmente lo que hemos visto es el crecimiento de la extorsión presencial. Sigue siendo la mayor parte de extorsiones, siguen estando relacionadas con los fraudes y las amenazas telefónicas, pero una parte muy relevante de las extorsiones también es el cobro de derecho de piso”.

El especialista detalló que en ese delito se tiene una cifra negra enorme, lo que se suma a los pésimos resultados del Gobierno para desarticular a los grupos delictivos dedicados a este y a la reparación del daño a las víctimas.

“Según datos del Inegi, el año pasado hubo en el país aproximadamente 5 millones de extorsiones (…) De esas, sólo hubo entre 8 y 9 mil investigaciones, o sea, carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías. Y de estas, en ningún caso, en el 0% de los casos, hubo reparación del daño para las víctimas”.

Francisco Rivas abundó en que uno de los principales problemas con la extorsión, además de que no se denuncia por temor de las víctimas, es la forma en que lo clasifican las autoridades.

Y es que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi, registra

en 2020, 4.7 millones de extorsiones, 90.7 por ciento de las cuales fueron telefónicas; en 2021, 4.9 millones de extorsiones, 90. 3 por ciento telefónicas, y en 2022, 4.7 millones de extorsiones, 90.1 por ciento telefónica.

Según el INCP es un delito de alto impacto que consiste en que una persona, asociación, u organización con ánimo de lucro (para sí o un tercero), que a través de engaños, amenazas y/o violencia, obliga a cualquier otra persona a dar, hacer o dejar de hacer algo, a efecto de dañar su patrimonio y su esfera emocional.

“La directa, donde la o las personas que extorsionan interactúan de manera personal, acudiendo al domicilio, escuela, trabajo o negocio de la o las víctimas, y la indirecta (virtual) que se comete a través de medios de comunicación como el teléfono celular o las redes sociales. En esta última no existe contacto directo (personal) entre víctima y agresor”. 

En su reporte, el Instituto indica que la extorsión fue el delito con mayor cifra negra, con un registro de 97.9 por ciento, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública.

Ante lo anterior, Francisco Rivas indicó que los datos anteriores no están ingresados en el rubro de extorsiones debido a la decisión de los Ministerios Públicos.

“Depende de cómo la quieran clasificar en el Ministerio Público, se incorporará o no a la estadística de extorsión (…) si se revisa el Inegi, ahí se va a encontrar que amenazas sí lo incluyen dentro de la categoría extorsión, porque jurídicamente la extorsión también incluye las amenazas”.