Aunque depende formalmente del Departamento de Justicia y forma parte de la llamada Comunidad de Inteligencia que centraliza actividades en la Casa Blanca, la DEA es la agencia de actividades policiacas dedicadas al narcotráfico que se mueve sin ningún control y al amparo de la protección institucional.

La DEA, por ejemplo, secuestró en 1990 al médico Álvarez Machain,  bajo la acusación de haber supervisado la tortura al agente antinarcóticos Enrique Camarena Salazar y lo llevó clandestinamente a Estados Unidos, hasta que un juez decretó que había sido un hecho ilegal y liberaron al detenido.

En octubre de 2020, la DEA decidió arrestar en Los Ángeles, California, al secretario de la Defensa Nacional mexicano 2012-2018, basado en un expediente que el Gobierno mexicano logró obtener y que lo difundió para mostrar la falta de seriedad y superficialidad de la indagatoria. La decisión de la Casa Blanca de liberar al alto mando mexicano fue otra humillación gravísima a la credibilidad de la DEA.

La Evaluación 2024 de la agencia antinarcóticos difundida el jueves pasado está cargada de acusaciones de corrupción en México responsabilizándolo del contrabando que ingresa a Estados Unidos, de la distribución de drogas en los 50 estados americanos, del consumo de drogas de alrededor de 30 por ciento de la población y de las decenas de miles de fallecidos por sobredosis de fentanilo dentro de EU.

Aun suponiendo que la DEA tenga razón en sus acusaciones de corrupción contra militares y policías mexicanos, puede decirse que hay más y peor corrupción dentro de Estados Unidos, porque la droga mexicana cruza los controles fronterizos americanos y se distribuye para su consumo y lavado de recursos debajo de las narices de la agencia antinarcóticos.

Y queda como elemento final, el hecho de que la DEA quiere visas a ciegas para sus agentes en México sin informar de nombres, recursos y expedientes de mexicanos que quiere perseguir dentro del territorio sin ninguna supervisión nacional.

 

Zona Zero

  • Los diferentes grupos políticos en pugna deben de ser más cuidadosos en la revelación de presuntas agresiones o atentados contra candidatos o políticos en funciones, porque al final de cuentas ese clima de inseguridad y violencia política no beneficia para nada a la oposición y sí puede contribuir a disminuir la asistencia de votantes a las urnas. El mapa de riesgo de seguridad en zonas político-electorales que dio a conocer el PRI-PAN-PRD sólo aumenta la tensión para el día de las elecciones.

 

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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