El proyecto de reforma constitucional para dotar de vivienda “de interés social’’ a los trabajadores, no es otra cosa que volver a los años setenta y ochenta, en los que la corrupción se adueñó del Infonavit.
Según lo explicado por la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, la reforma propuesta pretende que el Infonavit se transforme en un constructor de vivienda.
Una vez construida la vivienda, el propio Infonavit la arrendará al trabajador, después de que éste cotice un año al Instituto, pagando como máximo el 30% de su salario.
Diez años después de rentar, el trabajador podrá comprar esa vivienda “a un precio asequible’’.
El Infonavit, desde el sexenio de Ernesto Zedillo, dejó de construir viviendas.
De hecho, no es que el Infonavit construyera, sino que tenía la atribución de contratar a constructoras para desarrollar los proyectos de vivienda.
Estos proyectos generalmente eran entregados a las constructoras de los líderes empresariales y sindicales que formaban parte del Consejo del Instituto.
Hubo casos, como el del fallecido líder de la CTM en el DF, Joaquín Gamboa Pascoe, que se hicieron inmensamente ricos con los contratos obtenidos del Infonavit.
Después de la construcción venía la corrupción institucional, pues para que el trabajador se hiciera de una vivienda, había que dar sustanciales moches a promotores sindicales y a algunos empleados del Instituto para ser tomados en cuenta.
O esperar años y años y más años para resultar beneficiado en un sorteo.
Eso sin contar, además, la pésima ubicación de los desarrollos construidos y la paupérrima calidad de los materiales usados en gran parte de esas construcciones, cuyas medidas hacían imposible colgar en la cabecera de una recámara un Cristo crucificado.
López Obrador ahora quiere que el Infonavit vuelva a construir; obviamente, el Instituto volvería a contratar a constructoras para esos desarrollos que no podrán ser en la capital del país porque no hay terrenos.
¿Qué garantía hay, en el supuesto de que esta propuesta fue aprobada en el Congreso, de que el Infonavit no vuelva a ser el nido de corrupción que fue hace años?
¿Por qué modificar el actual esquema que, con sus fallos, sigue siendo un modelo confiable?
¿Será que está pensando en constructoras y constructores amigos?
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Hoy el que andará de visita por los Estados Unidos será el candidato de la oposición a la jefatura de Gobierno de la CDMX, Santiago Taboada.
El frentista estará en la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la American Chamber, en el Atlantic Council y cerrará con una reunión con jóvenes mexicanos radicados en el país vecino.
Taboada hará ese peregrinaje para denunciar, como ya lo hizo Xóchitl Gálvez la semana pasada, la elección de Estado que se gesta con la intervención del presidente López Obrador como jefe de campaña de los candidatos morenistas.
Pedirá también que haya una partida de observadores electorales y con los empresarios hablará sobre las posibilidades de inversión en la capital del país.
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La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, ya perdió todo sentido de dignidad.
Ante la ola irrefrenable de violencia que vive la capital de Guerrero, la edil salió con el cuento de que su trabajo es “impulsar valores, el fortalecimiento de las instituciones’’, como sí eso sirviera ahora para consolar a los familiares de los choferes asesinados e incinerados.
Lo peor de todo, es que, pese a su evidente incapacidad y las sospechas de pactos con un grupo de la delincuencia organizada, pretende reelegirse.
Los habitantes de Chilpancingo estarían locos si le conceden ese deseo.
@adriantrejo