A casi una década de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y con el crimen sin resolver por parte de las autoridades, el caso pasó a ser usado por el Gobierno de la República para realizar un nuevo ataque contra el Poder Judicial, de acuerdo a especialistas.
Y es que el PJ es uno de los principales blancos políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha acusado a la mayoría de sus integrantes de actuar en “contra de la transformación”.
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Apenas ayer, la Secretaría de Gobernación (Segob) reveló una carta enviada a la ministra Norma Piña para advertirle del cambio de medidas cautelares a ocho militares presuntamente implicados en el caso Ayotzinapa, quienes siguen su proceso en libertad.
Esto con el objetivo de impedir la salida de prisión de los soldados supuestamente involucrados en el caso.
Para el abogado César Omar González, integrante de la defensa de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acusados de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la carta del Gobierno a la presidenta de la Corte no “implica nada”, debido a que el cambio de medida cautelar fue mera aplicación de la ley.
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En entrevista con 24 HORAS, el defensor de los imputados indicó que el beneficio es resultado de un largo proceso que comenzó desde junio pasado, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) tuvo múltiples ocasiones para acreditar el riesgo de fuga y en “ningún momento lograron acreditarlo”.
Incluso, destacó que la defensa no entiende el argumento del Gobierno, debido a que cuando se le informó a los efectivos del caso estos “se presentaron de manera voluntaria ante el juzgado, para hacer frente a la acusación”.
A la par, subrayó que la libertad condicional no quiere decir que fueran absueltos, por lo que “gozarán de su libertad pero deberán enfrentar el juicio (…) Ellos tienen derecho a ser oídos y vencidos en juicio, en libertad, no nos están haciendo ningún favor”.
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Además, González refirió que se va a solicitar el cambio de medida cautelar de un último bloque de otros cinco militares, luego de que ya se concedió al grupo de ocho y, previamente, al general en retiro Hernández Nieto.
Por su parte, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) indicó que el cambio de medida cautelar fue debido a la incapacidad de la FGR para acreditar el riesgo de fuga.
El activista indicó que los dichos del presidente LópezObrador se insertan en su disputa con el Poder Judicial, la cual deja en medio a las víctimas.
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“La pretensión de responsabilizar a la jueza e incluso pedir que se le investigue junto con los magistrados, según ha anunciado FGR, claramente puede insertarse en la disputa más amplia del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial, una confrontación respecto de la cual tristemente están quedando en medio las víctimas en este y otros casos“.
Embestida
Este martes, a través de redes sociales, la titular de Segob, Luisa María Alcalde, compartió de forma pública la carta enviada a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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“Atendiendo a la instrucción del presidente López Obrador hacemos pública la carta que enviamos a la ministra Norma Piña desde el 12 de diciembre sobre la posible liberación de 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa”, escribió Alcalde.
Esto luego de que el presidente López Obrador solicitó hacer público el documento a la titular de Gobernación, durante su conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional.
“Le voy a pedir a la secretaria de Gobernación que dé a conocer esa carta, y como si le hubiésemos dicho: libérenlos, hace como 15 días, porque ya lo veíamos venir… Hay es un interés político del Poder Judicial”, acusó el mandatario.
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Sin embargo, este lunes el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señaló que los ocho militares, implicados en el caso Ayotzinapa, llevarán su proceso en libertad porque la Fiscalía General de la República (FGR) no logró aportar pruebas que justificaran la imposición de la prisión preventiva justificada.
Por lo que las actuales medidas cautelares impuestas a los ocho militares son su presentación de manera quincenal en el juzgado de distrito, una garantía de 50 mil pesos, la prohibición de salir del país y entrega de pasaporte, así como no acercarse a Guerrero ni obtener contacto con víctimas o testigos protegidos.