El Gobierno solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) considerar nuevas órdenes de aprehensión contra los 8 militares presuntamente implicados en el caso Ayotzinapa, y que fueron beneficiados con la libertad condicional.
Así lo dio a conocer la Secretaría de Gobernación en un comunicado emitido tras la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con el fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra, y el subsecretario de derechos humanos, Félix Medina Padilla, ayer en Palacio Nacional.
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“Se va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación. El Gobierno de México refrenda su compromiso con la legalidad y, lo más importante, con el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos”.
De igual manera, la administración federal pedirá a la Fiscalía de la República la revisión de las medidas cautelares “tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos”.
En el documento, Gobernación señala que el Poder Judicial concedió el cambio de medida cautelar debido a que entre sus “prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso. Una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia”.
A su vez, acusó que en lugar de ponderar el derecho de las víctimas, no han actuado en contra de torturadores, como es el caso de Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel.
Lo anterior se da a 2 días de que la jueza federal, Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México ordenó el cambio medida cautelar de prisión preventiva a libertad condicional a los 8 integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes estaban en prisión preventiva justificada por presuntamente haber participado en la desaparición forzada de los estudiantes en 2014.
Postura del Gobierno de México respecto a la decisión del Poder Judicial de modificar las medidas cautelares y dejar en libertad a 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa. pic.twitter.com/0Xqg2GmO47
— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) January 23, 2024
Al respecto, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que impugnaría la medida que consideró lesiva de los derechos de las víctimas.
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Por su parte, el Centro Prodh, uno de los representantes legales de los padres de los 43 normalistas desparecidos señaló que la determinación de la juzgadora representa una crisis en el caso, luego de que el Presidente asumiera su titularidad a finales de 2023.
“Desde la salida del anterior fiscal del caso -Omar Gómez Trejo-, la salida de los expertos independientes -GIEI- y del subsecretario Encinas el caso viene en una crisis que se ha venido profundizando”, comentó a 24 Horas el director del Centro Prodh.