La crisis de seguridad en Ecuador mostró una de las más graves fallas de seguridad nacional de gobiernos y aparatos de seguridad de Estados Unidos, México y América latina: la transnacionalización –no sólo la internacionalización– de bandas criminales de unos países en otros, aunque todavía con la ventaja de que no existe una federación de organismos criminales.

La elaboración y tráfico de drogas ha llevado a los grupos delictivos a prácticas profesionales más allá de la venta en las calles: la producción a gran escala, la distribución a nivel internacional y traspasando fronteras y, sobre todo, la creación de empresas que operan en varias naciones al mismo tiempo para lavar el dinero ilícito.

El aviso había sido ya emitido por la DEA desde 2005: cárteles mexicanos que habían prácticamente desaparecido en México –Los Zetas, por ejemplo– encontraron forma de reorganización de manera autónoma dentro de Estados Unidos para traficar drogas y crear todo tipo de bandas. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco tienen células funcionando con autonomía relativa al interior del territorio estadounidense, sin que necesariamente tengan una dependencia absoluta de su central en México.

Hasta ahora no se trata de corporativos formales, sino más bien de que el tráfico internacional de drogas ha obligado a una configuración celular para producir, traficar, comercializar y lavar el dinero de sus actividades delictivas, pero hasta ahora dependiendo de estructuras administrativas improvisadas.

La preocupación que comienza a notarse en sectores de seguridad es que los principales grupos delictivos con presencia internacional pudieran llegar a convertirse en una Confederación de organismos criminales, no sólo para el reparto de territorios o la lucha violenta por las plazas, sino acordando una distribución equitativa que impida la persecución legal en su contra. Si de manera aislada los grupos delictivos son peligrosos, articulados en acuerdos de mercado podrían llegar a tomar el control de gobiernos.

 

Zona Zero

  • A pesar de datos diversos respecto a la expansión de cárteles en el sur-sureste de la República mexicana, las autoridades todavía no han puesto en marcha programas operativos para desarticular la presencia creciente, por ahora, de los cárteles de Jalisco y Sinaloa en poblaciones que van de Oaxaca hasta Quintana Roo por el Pacífico y la frontera y toda la zona de Veracruz y Tabasco por el Golfo de México.

 

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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