Como una “estafa maestra” calificó Román Antonio Aboytes Hernández, presidente de las Organizaciones Civiles y Sociales de Baja California (UNO A.C.), el “desvío” de recursos del Fideicomiso Público Municipal denominado Fondos Triuana, cuya presidenta es la alcaldesa morenista de Tijuana, Montserrat Caballero.
Aboytes Hernández, presentó una demanda por peculado y uso indebido de atribuciones en contra de quien resulte responsable dentro del Fideicomiso Público Municipal denominado Fondos Triuana, organismo adscrito a la Secretaría de Desarrollo la Desarrollo Económico, del municipio de Tijuana, Bala California.
En conferencia de prensa explicó que a través de este fideicomiso se destinaron 37 millones de pesos a una cuántas empresas de acuerdo con la denuncia presentada ante el Fiscal especializado en combate a la corrupción del estado de Baja California.
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El denunciante detalló que la vocación del fideicomiso es la del Impulso al Autoempleo, Detonando Proyectos Estratégicos, fomento del Turismo Social, Gastronómico y Cultural, auspiciando a los pequeños emprendedores.
Sin embargo, las autoridades del fideicomiso de acuerdo con el acta de hechos distribuyeron 73 millones 218 mil 261.75 pesos. A 2 mil 26 beneficiarios del programa Impulso al Autoempleo les distribuyeron un importe de $27, millones 854 mil 069 pesos, y en la modalidad de crédito al programa Detonando Proyectos Estratégicos se benefició solo 30 entidades con un importe de $42 millones 501 mil 643 pesos.
Para Román Antonio Aboytes Hernández, la desigualdad en la distribución de las cantidades asignadas implica una conducta culposa, que debe ser investigada por la fiscalía del estado.
Baja California Avanza A.C, recibió 7.5 millones de pesos, la cual fue identificada como a la que le aprobaron tres proyectos.
Humanitaria Cruz Verde de Baja California, a la que le aprobaron dos proyectos con monto de 4.5 millones de pesos entre enero y diciembre del 2022.
MHCluster se postuló a cinco proyectos por 6.5 millones de pesos; y Profesionales Docentes en Legalidad de Derechos Humanos por tres proyectos fue adjudicada por 7.5 millones de pesos.
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El artículo 19 de las reglas de operación limita a los beneficiarios del mismo fondo a recibir recursos más de una vez, además se debe cumplir con regresar el dinero otorgado una vez terminado el primer proyecto, pero tampoco hay rendición de cuentas.
Para el denunciante el municipio de Tijuana y su titular Montserrat Caballero están obligados a responder por esta conducta delictuosa que lesiona los derechos de los pequeños empresarios y de los micro emprendedores.
Por lo que exige que “una vez integrada la indagatoria judicializar al Carpeta de Investigación ante el Juez de Control competente”.
LEO