Justo en la coyuntura de indicios crecientes de la inseguridad mal gestionada en las estructuras judiciales del país, la discusión sobre el destino de 13 fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación provocó paro de labores de trabajadores y empleados judiciales por casi 12 días, afectando los compromisos de contribución a mayores certezas en seguridad.
La decisión del sindicato de trabajadores del Poder Judicial, avalada y hasta estimulada por la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal, no sólo causó daño en los ritmos de atención de por sí con retrasos en la impartición de justicia en tribunales, sino que politizó un asunto que es de mero trámite administrativo porque la defensa de los fideicomisos se pudo haber dado con controversias constitucionales y amparos sin afectar los ritmos judiciales.
En los últimos días las oficinas de tribunales del Poder Judicial han entrado en una lógica de caos porque, además, el sindicato careció de firmeza en la decisión: decretó un paro de una semana y extendió a cinco días más, pero señalando que quien quisiera ir a trabajar podría hacerlo, con lo cual el instrumento de presión sindical perdió efectividad.
Si bien los fideicomisos involucraban a empleados de nivel medio y superior del Poder Judicial, los trabajadores no habían visto afectados sus salarios ni sus prestaciones de ley, por lo que el cierre de tribunales respondía sólo a los intereses de una minoría de funcionarios, sobre todo de los ministros de justicia.
El problema de impartición de justicia se agravó porque los tribunales carecen de personal ante el cúmulo de demandas en proceso, pero el Consejo de la Judicatura no aclaró que los fideicomisos debieron defenderse en otras oficinas. Y lo peor fue que después de aprobada la desaparición de los fideicomisos en el Senado, la Corte y la Judicatura extendieron sin razones el paro de labores hasta el domingo 29.
Zona Zero
- El Gobierno de Estados Unidos no quita el dedo del renglón de su compromiso de liquidar los liderazgos criminales en los dos principales cárteles mexicanos, el de Sinaloa y el de Jalisco, pero se siguen acumulando evidencias de que el contrabando de drogas hacia el territorio americano continúa facilitándose por la corrupción de funcionarios americanos encargados de la protección de la frontera territorial y marítima entre México y EU.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh