Proliferación de vehículos blindados irregulares, empresas “patito” y trabajadores desprotegidos son algunas de las consecuencias de no tener una legislación homologada en materia de seguridad privada, por ello el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) hizo un llamado al Congreso de la Unión a aprobar la Ley General que brindará certeza jurídica a ese sector.
Raúl Sapién Santos, presidente del CNSP, confió en que la Ley de Seguridad Privada, que ya han trabajado con la Secretaría de Seguridad y legisladores, se discuta y en su caso se apruebe antes de que concluya la actual Legislatura, en agosto del 2024.
El proyecto, que todavía no ha sido presentado ante el Congreso, establece la creación de un Padrón Nacional de Prestadores de Servicios Privados que permita identificar a las empresas que operan ilegalmente y vulneran los derechos de los trabajadores.
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Sapién Santos dijo que en el país existen más de 6 mil empresas de seguridad privada, entre regulares e irregulares de las cuales entre el 25 y 28 por ciento no cumplen con la normatividad y reglamentación requerida.
Enfatizó que actualmente se tiene un lineamiento federal y diversos estatales, pero son asimétricos jurídicamente “lo que se traduce en un cultivo perfecto para fomentar la ilegalidad, actos de corrupción y la sobrerregulación y aparición de empresas patito”.