El Gobierno de Estados Unidos ha aumentado las presiones sobre México para reclamar la producción de fentanilo que ingresa de manera ilegal a territorio americano para satisfacer las necesidades de los millones de adictos, aunque con el costo promedio de 100 mil muertes anuales por sobredosis.
Este último dato contiene el punto clave de la crisis del fentanilo: sobredosis, es decir la disponibilidad que los adictos estadounidenses tienen para acceder a las diferentes formas de uso del producto, sin que las autoridades gubernamentales se hayan preocupado, primero, por evitar el contrabando de droga que ingresa por sus fronteras de manera masiva, segundo, sin que existan programas especiales para combatir el tráfico de fentanilo en las calles americanas y tercero sin decisión para criminalizar el consumo.
El Gobierno de EU tiene en sus manos dos decisiones muy sencillas para terminar con el flagelo mortal de este opioide sintético: sellar sus fronteras para evitar el ingreso del producto que llega vía China y México y aplicar todo el peso de la ley contra la venta y consumo de droga en las calles de las principales ciudades americanas.
Mientras la Casa Blanca no tome estas dos decisiones, la crisis de fentanilo seguirá creciendo como problema de seguridad nacional y de salud pública y el número de fallecidos por sobredosis seguirá creciendo.
Algo falla en la estrategia estadounidense porque tiene en sus prisiones a las dos cabezas principales del Cártel de Sinaloa que controla la producción y contrabando de este estupefaciente –El Chapo Guzmán y su hijo Ovidio Guzmán López-, pero el flujo de producto sigue creciendo de manera exponencial y animado sólo por la demanda de la droga por parte de los adictos americanos.
Estados Unidos quiere convertir su problema de consumo de fentanilo en un tema de política exterior y seguridad nacional, pero sin entender que la producción, contrabando y uso de drogas depende de la demanda y no de la oferta.
Zona Zero
- El recordatorio del 2 de octubre mexicano hace tiempo que dejó de ser político e ideológico y se convirtió en un asunto de seguridad urbana en las calles de la capital de la República porque todas las marchas de recuerdo terminan en violencia callejera, por cierto, inexistente en el 68 cuando estudiantes y sectores populares salían a las calles a expresar su voz y no a generar violencia.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh