Si tan solo aquel 1994 no hubiera sido un año horrible y no se hubiera complicado desde el primer día con el levantamiento zapatista en Chiapas, es probable que el paquete económico que obedientemente le aprobó el Congreso a Carlos Salinas de Gortari hubiera funcionado.

La economía en aquellos tiempos era una especie de esquema piramidal en donde todo funcionaba por la promesa de que estábamos en la antesala del primer mundo. ¿Qué podía salir mal si México se estrenaba ese año en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte?

El México de 1993 era uno con un Presidente muy popular, que gustaba de controlarlo todo, era un país con una moneda sobrevaluada que aumentaba el consumo de bienes importados y mantenía consumidores felices.

Fue ese país, de una enorme inmadurez financiera, fragilidad bancaria y centralismo extremo, el que mereció un paquete económico más arriesgado ante la expectativa de que la continuidad del salinismo a partir de 1995 administraría una nueva abundancia mexicana.

Pero 1994 fue ese año de levantamientos y magnicidios. De desorden político y fuga de capitales. Fue el año que no pudo resistir la salud financiera y se provocó la peor crisis económico-financiera en muchas generaciones.

Si tan solo el paquete económico del 2024 pudiera partir del hecho de que el todopoderoso presidente Andrés Manuel López Obrador no puede controlar todas las variables que pueden afectar la estabilidad, no estaríamos en la antesala de la aprobación de un presupuesto peligroso.

Más allá de las similitudes megalómanas del poder, la realidad es que el México de este 2023 no se parece en nada al México de 1994. Fue justamente esa crisis la que nos encaminó a tener un país más estructurado, institucional, abierto y auditado para evitar que, otra vez, una sola voluntad nos llevara a caer de nuevo.

Muchas de esas estructuras han resistido los tiempos actuales, pero otras no.

Los criterios económicos, la miscelánea fiscal, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos de la Federación, que conforman el paquete económico para el 2024, parten de una serie de supuestos que en caso de no cumplirse pueden generar problemas serios para todo el país.

Es muy simple, la amenaza al grado de inversión de la deuda pública mexicana es real, si México pierde su calificación crediticia, es prácticamente un hecho que habría consecuencias macroeconómicas importantes.

Proponer un déficit público del 4.9% del Producto Interno Bruto (PIB) es algo que hizo por última vez Salinas de Gortari y su cumplimiento depende de variables sobre las cuales ni el todopoderoso líder de la 4T tiene el control.

La promesa es mantener el nivel de deuda por debajo del 50% del PIB, pero eso depende de que la economía realmente crezca en una media del 3%, que el precio del petróleo promedie los 56.70 dólares por barril, que el tipo de cambio cierre el siguiente año en 17.60 y que la inflación se ubique en diciembre el 3.8%.

Con el gasto no habrá miramientos entre los programas asistencialistas, los proyectos de infraestructura del Presidente y las transferencias a Pemex. Si fallan los ingresos, con tal nivel de gasto, lo que sigue es más deuda y una desconfianza financiera como aquella de hace 30 años.

 

   @campossuarez