Mediante un amparo, un juez reconoció la omisión de autoridades en los tres niveles de gobierno en el desplazamiento forzoso de 146 familias en la comunidad triqui de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, informaron activistas.
En conferencia de prensa, representantes de la comunidad anunciaron que el Poder Judicial de la Federación les concedió un amparo contra la omisión de autoridades de los tres niveles gubernamentales.
Lo anterior, debido a que se han visto en la necesidad de desplazarse desde el año 2020 de su tierra de origen, debido a la violencia ocasionada por lo que ellos llaman grupos paramilitares de la familia caciquil Ortiz y MULT, a quienes tienen plenamente identificados.
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“El 26 de diciembre de 2020, alrededor de 146 familias de la comunidad indígena triqui de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, se vieron forzadas a desplazarse derivado de hechos violentos ocasionados por un grupo paramilitar del Movimiento de Unificación y Lucha triqui”, denunció Venustiana López, desplazada de la región.
“Aunque solicitaron el apoyo de autoridades federales, estatales y municipales, el personal de la policía estatal y Guardia Nacional no intervino en los actos de violencia para salvaguardar a las personas que se quedaron encerradas en viviendas”, añadió.
Tras la media del juez, representantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) hicieron un llamado a los tres niveles de gobierno a acatar el amparo que se les otorgó en esta materia, así como a no impugnar dicha resolución.
El amparo fue interpuesto por actos de omisión de al menos cinco instituciones, como la Guardia Nacional, la secretaría de Gobernación y la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a nivel federal.
Así como de la secretaría de Gobierno de Oaxaca, la Fiscalía del Estado y el alcalde de Santiago Juxtlahuaca, a nivel local, detalló Lauren Duran, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
De causar ejecutoria esta sentencia, las autoridades anteriormente mencionadas deberán elaborar un Plan de soluciones, con el que se garantice a las familias asistencia humanitaria, el resguardo de su seguridad, el levantamiento de un censo y su incorporación al Registro Nacional de Víctimas (Renavi).
“La resolución de este amparo viene a decirnos que estas instituciones tuvieron actos de autoridad que se traducen en omisiones en momentos de especial vulnerabilidad donde tenían que haber actuado, destacó”.
En su intervención, Venustiana López aseguró que familias desplazadas intentaron volver a su comunidad en enero de 2021, pero fueron agredidos por un grupo paramilitar, tras el retiro de seguridad pública que resguardaba el lugar.
“En esa ocasión, dos personas fueron asesinadas, una más mutilada, otras degolladas y tres personas heridas con armas de fuego”, denunció.
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“Las personas tuvieron que salir de sus propios medios para poner a salvo su integridad, concretándose el segundo desplazamiento forzado de la comunidad. Desde entonces, no han podido retornar a su territorio, toda vez que la comunidad se mantiene bloqueada por un grupo de personas armadas que impide el retorno”, señaló.
Cabe destacar que a lo largo de los más de dos años desde su expulsión forzada, han sido al menos tres los intentos de la comunidad de volver a su tierra de origen, sin éxito.
Las exigencias de la etnia triqui tomaron relevancia tras la instalación de un plantón en Avenida Juárez, frente al Palacio de Bellas Artes, a inicios de 2021, donde permanecieron de manera intermitente por más de un año, entre desmantelamientos y protestas.