El grupo de 220 sobrecargos jubilados de Mexicana de Aviación aseguraron que el Tribunal Colegiado que mañana resolverá sobre el juicio que mantienen contra la aerolínea recibe presiones políticas de líderes sindicales y desde el Poder Ejecutivo.
En un comunicado explicaron que este tribunal tomará una decisión sobre un recurso de revisión que interpusieron para que se revoque el acuerdo que prescribe su derecho a cobrarle a la compañía sus pensiones desde 2009.
“Se trata de una decisión que, debiendo ser sustentada en la argumentación jurídica con objeto de encontrar en su sentencia justicia y legalidad, no dejó de recibir públicas y desafiantes presiones políticas de parte de los líderes sindicales, no así de los trabajadores de Mexicana, así como del Poder Ejecutivo, con objeto de inclinar la balanza en contra de los trabajadores jubilados.”
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Enfatizaron que su intención nunca fue impedir o propiciar la compra por parte del gobierno de los bienes embargados de Mexicana, incluida la marca, sino que se respeten sus derechos labores y se cubran sus pensiones, hasta donde alcance, con la compra de esos bienes.
“Nunca fue nuestra pretensión que el gobierno asumiera esa deuda. Es la ley la que ordena que, al venderse los bienes, deben pagarse los adeudos a los trabajadores.”
“Vivimos en un país de leyes, para eso tenemos una Constitución, una Ley Federal del Trabajo. No hay razón alguna para renunciar a lo que por derecho, y tras años de litigio, nos corresponde”, puntualizaron.
Reclamaron también que hace un mes, la entonces secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, se comprometió a dar respuesta a sus propuestas y a gestionar una reunión con el Presidente de la República, y ninguna de ellas ocurrió.
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“Sin habernos escuchado, recibido ni convocado, la retórica sigue siendo la misma: Se nos solicita renunciar a un derecho elemental y de subsistencia; se nos pide renunciar a nuestra pensión jubilatoria y al monto que por ella nos adeuda Mexicana.”
“Con los 60 mil pesos que el Presidente dijo que recibiríamos, no es posible vivir, comer y comprar medicinas para los pocos o muchos años que nos resten de vida. Somos personas de la tercera edad”, señalaron.
También reclamaron que tanto sindicatos como el Gobierno federal digan que son un pequeño y minoritario grupo de trabajadores, pues juntos suman cinco mil 725 años de trabajo entregado a Mexicana, que a diferencia de ellos, continuaron, que cuentan con un trabajo o cargo público por el cual devengan un salario, “nosotros no tenemos ingreso alguno porque nuestras edades oscilan entre los 56 y los 90 años de edad”.