Lo primero que hay que lamentar del lance propagandístico habitual del presidente Andrés Manuel López Obrador con el ya gastado tema de sus ingresos comparados con los de otros servidores públicos es que provocó que, en su estreno como secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde se quemara de esa manera.

Como acto inaugural en su calidad de secretaria de Gobernación, Alcalde fue obligada por López Obrador a firmar una carta en la que le fija un ultimátum a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, para que antes del lunes le informe qué medidas han tomado en ese poder autónomo para que ganen menos que el Presidente.

Cualquier abogado medianamente informado sabría que la Secretaría de Gobernación no es el cancerbero del cumplimiento de la Constitución como lo interpretó la secretaria Alcalde. Y la ex titular de la Secretaría del Trabajo debería conocer la diferencia entre remuneración y sueldo.

Al final, el quemón a esta funcionaria es un daño colateral en ese reforzamiento de la estrategia de propaganda de López Obrador, quién está dedicado en cuerpo y alma a su propio proceso sucesorio.

Y en su camino se atraviesa un poder autónomo como el Judicial en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha demostrado que hay una mayoría que no se dobla frente al poder presidencial.

López Obrador le reclama a la Corte, a través de la mensajera Alcalde, por los salarios de los ministros que son nominalmente superiores a los del Presidente. Incluso, muchos medios de comunicación hacen el trabajo sucio y se encargan de publicar que el austero López Obrador gana apenas 157,658 pesos contra los 278,786 pesos mensuales de los voraces ministros.

La primera explicación para la abogada Alcalde, quien aparece firmando la carta, es que los sueldos y salarios se fijan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que propone el poder ejecutivo y que en años recientes ha sido aprobado por la mayoría legislativa del presidente López Obrador.

Puede ser que alguien en el poder ejecutivo sepa que esa atribución contemplada en el Artículo 27, fracción VII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que a la letra dice “Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país” no es una patente de corso para asumir una actitud dictatorial en contra de los otros poderes de la Unión.

La secretaria Alcalde quiere dar clases de derecho a la ministra presidenta de la Corte y le da cinco días para responder su carta. No tiene ninguna obligación la ministra Norma Piña de contestar y si lo hace, seguro será para darle una lección a la joven funcionaria.

Y algo básico que sabe muy bien López Obrador, que saben los ministros y la mayor parte de las personas con alguna formación media superior. El salario del Presidente puede ser uno, pero las remuneraciones que recibe, incluido vivir en un palacio, como Palacio Nacional, son parte de su ingreso. Y todo lo que recibe el Presidente, no lo tiene ningún servidor público, ninguno.

 

    @campossuarez