El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas afirmó ayer que Perú vulneró los derechos de una niña indígena, víctima de incesto a manos de su padre, al no garantizarle el acceso a un aborto terapéutico y procesarla penalmente tras tener un aborto espontáneo.
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La niña, cuyo nombre no se reveló, fue hostigada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales, según la ONU. En su primera visita a un hospital de Abancay, la menor dijo “que no quería tener un hijo de su padre ni estar embarazada”, tal como recoge la organización.
En Perú, el aborto sólo está autorizado en caso de riesgo para la madre. Marcela Reynoso Jurado, especialista en políticas públicas y derechos de las mujeres y la región latinoamericana, asegura que las interpretaciones de países como Perú, que no ha despenalizado la interrupción del embarazo, son subjetivas con respecto a las afectaciones a la vida de la mujer o niña gestante.
“Pero existe una constante: una visión con sesgo patriarcal, en la que el desarrollo, bienestar, salud mental y libertades de la mujer, no son considerados como prioritarios. En este caso, el asunto es aún más grave, puesto que si existe al menos UN elemento que define una violación es el del consentimiento, el cual, por supuesto, una niña de 13 años se encuentra incapacitada a otorgar dada la etapa de su desarrollo sexual y psicoemocional. Por lo que interrumpir el embarazo estaría completamente justificado, aun bajo la lógica sexista”, condena la experta para 24 HORAS.
Estigmatizada, hostigada en su familia y su comunidad, la menor tuvo que abandonar la escuela y su pueblo.
“La interrupción del embarazo es una consecuencia del abandono del Estado, las familias y la sociedad hacia las mujeres. En todos los lugares del mundo ocurre, sea legal o no”, explica la especialista en políticas públicas.
“Penalizarla, contribuye a una doble violación de derechos, primero de manera estructural y luego de manera directa, al culpabilizarnos por ello. Es un abandono de la sociedad hacia sus mujeres que tienen que enfrentar las consecuencias sociales, emocionales, económicas, de desarrollo personal y profesional”, agrega.
De acuerdo con Reynoso Jurado, la “interseccionalidad” es un elemento clave al analizar este tipo de casos, porque se suman las desventajas de cada grupo social, depende, sobre todo, de las situaciones de vulnerabilidad que acumule la realidad de una misma persona. “En el caso de las niñas, y sobre todo, las adolescentes, el abandono es aún más grave, puesto que se les da un trato de invisibilidad que no podemos permitir que siga ocurriendo”, finaliza.
Frase:
“Existe una constante: una visión con sesgo patriarcal, en la que el desarrollo, bienestar, salud mental y libertades de la mujer, no son considerados como prioritarios. En este caso, el asunto es aún más grave, porque si existe al menos un elemento que define una violación es el del consentimiento, el cual, por supuesto, una niña de 13 años se encuentra incapacitada a otorgar dada la etapa de su desarrollo sexual y psicoemocional”
MPP. MARCELA REYNOSO JURADO
Master Of Public Policy de la Universidad de Oxford
Académica de la UNAM
LEG