La inminente renuncia y/o licencia de la corcholatiza para buscar la bendición final del gran dedo elector ya comenzó a agitar las aguas entre los políticos morenistas de la división de ascenso.

De aquellos que buscarán suplir a las tres corcholatas restantes que faltan por anunciar su dimisión, temporal o definitiva, a sus lucrati…, perdón a sus responsabilidades.

En el Senado, por ejemplo, la grilla se ha desatado por conocer quién ocupará la presidencia de la Junta de Coordinación Política en sustitución de Ricardo Monreal.

Si al zacatecano se le concediera la gracia presidencial de elegir a su sustituto, este sería sin duda el chiapaneco Eduardo Ramírez.

Si la gracia le es negada, cualquiera otro podría ser, incluido algún legislador del ala radical de Morena, como César Cravioto o una mujer, Mónica Fernández, por ejemplo.

En sustitución de Monreal será llamado su suplente, Alejandro Rojas Díaz Durán, quien en las últimas semanas le bajó diez rayitas a sus críticas a la presidencia de Morena y al propio López Obrador.

¿Por qué habrá sido?

Ya que andamos en el Senado, la licencia de Manuel Velasco regresará al Senado a Eduardo Murat, hijo del exgobernador de Oaxaca José Murat Casab.

Lo de Velasco en Morena es un mal chiste.

Si Claudia Sheinbaum decide separarse del cargo, el sustituto natural sería Martí Batres, con lo que López Obrador y la propia jefa de Gobierno se quitarían un lastre de encima.

Batres quiere ser el candidato de Morena a la jefatura de Gobierno de la CDMX, pero hacerlo interino lo descarta legalmente para competir.

Sería un premio de consolación que por 14 meses fuera el jefe de Gobierno.

El caso de Adán Augusto López Hernández es más complejo, pues en el horizonte morenista no se ve a un político muy cercano a López Obrador que pudiera ocupar la Secretaría de Gobernación de manera interina.

Ningún subsecretario da la talla para el cargo y de fuera son pocos los que pudieran gozar de la confianza presidencial para hacerse de la responsabilidad.

Un gobernador recién electo no cambiaría su cargo por 14 meses de suplencia, a menos que el puesto tenga escondido un premio.

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Tres importantes asociaciones de juzgadoras del fuero común y federal salieron en defensa de la juez Angélica Sánchez Hernández, detenida por la Fiscalía de Justicia de Veracruz por “delitos contra las instituciones de seguridad pública’’.

La Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas AC, la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC y la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en la República Mexicana, cuestionaron no sólo la forma sino el presunto delito que el Gobierno de Cuitláhuac García imputa a Sánchez Hernández.

De entrada, cuestionan su detención en la que no se respetó el derecho a la presunción de inocencia; sobre el delito que se le imputa, lo equipararon con el de “ultrajes a la autoridad’’, que la Corte ya declaró inconstitucional.

La juez fue detenida por otorgar la libertad a un detenido, presunto homicida, por errores en la integración de la carpeta de investigación, responsabilidad de la Fiscalía.

El gobernador presume (es lo único que puede presumir), que hubo corrupción porque presuntamente tiene pruebas de “una comunicación’’ entre la juez y el detenido.

Las organizaciones en defensa de la juez pidieron cesar las presiones a su libre ejercicio de la función jurisdiccional, que se respeten sus derechos humanos, comenzando por la presunción de inocencia y se le garantice un debido proceso.

A ver, porque ya ve cómo se la gastan en Veracruz.

LEG