BUKELE CÁRCEL
Foto: AFP / El Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, prorrogó hace una semana por 30 días el régimen de excepción para mantener el curso de esta "guerra" contra las pandillas de Bukele  

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, es un “héroe” para muchos salvadoreños, con una aprobación envidiable para cualquier mandatario alrededor del mundo (91%), según encuestas locales, pero también es un “villano” señalado por “violaciones masivas de derechos humanos”, según organizaciones como Amnistía Internacional.

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Su mandato inició en 2019, pero desde el 27 de marzo de 2022, impuso un régimen de excepción (aún vigente hasta el 27 de abril y posiblemente prorrogado por más tiempo)”, que contabiliza, hasta ahora, 66 mil 417 presuntos pandilleros detenidos, con un promedio de 0 homicidios en marzo de este año, según cifras oficiales.

Infografía: Xavier Rodríguez

De ahí que la aprobación sobre su programa de seguridad, según encuestas de medios locales, sea de “bueno o muy bueno” en un 92.5% de los pobladores, pese a tener varios señalamientos por parte de medios y organizaciones internacionales a favor de los derechos humanos.

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“Lo que podemos constatar en este momento es que El Salvador vive un momento de violaciones masivas de los derechos humanos, por todo lo que está pasando con el régimen de excepción, pero también a nivel de libertad de expresión y otros factores”, comenta Arjun Chaudhuri, encargado de campañas para Centroamérica de Amnistía Internacional (AI), en entrevista para 24 HORAS.

De acuerdo con Chaudhuri, cuando se implementó este régimen, fue diseñado para atender la violencia, pero “suspende derechos constitucionales, como la defensa legal y también contempla otras medidas, que las autoridades consideran necesarias para combatir la inseguridad”.

Cabe recordar que el Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, prorrogó hace una semana por 30 días el régimen de excepción para mantener el curso de esta “guerra” contra las pandillas de Bukele.

“Parece que tiene la intención de mantener esta medida que para Amnistía Internacional viola los derechos humanos y con la apertura de la megacárcel en el país, tiene un enfoque de seguridad que pretende perpetuar”, agregó AI.

Infografía: Xavier Rodríguez

MUERTES

El problema que ve Arjun Chauduri son las detenciones arbitrarias “solo por tener tatuajes o estar presentes en zonas marginadas”, además, han registrado casos de tortura, y “decenas de muertes bajo custodia del Estado que viola el derecho a la vida”.

Hubo 90 personas fallecidas hasta noviembre de 2022, según funcionarios del Estado ante el Comité Contra la Tortura de la ONU, cifra que, según Chaudhuri, ahora es más alta, pero no existen nuevos datos oficiales.

Las organizaciones como AI argumentan que estas medidas no son sostenibles, porque se basan en el encarcelamiento masivo, “en realidad estas políticas de mano dura son efectivas en el corto plazo, por eso son populares, pero a largo plazo no funcionan y se ha comprobado en el pasado”, agrega Arjun.

TORTURAS

“Un adolescente de 16 años fue detenido por agentes de la Policía y las Fuerzas Armadas, privado de la libertad durante 13 días tras ser acusado del delito de agrupaciones ilícitas. Durante la primera noche fue encadenado a la pared en un Centro de Detención para adultos y expresó haber sido golpeado por agentes.

Posteriormente fue trasladado a un Centro de Resguardo de Menores, donde miembros de una pandilla con quienes compartía celda le torturaron continuamente, mediante puñetazos en la cabeza y la cara, patadas en el pecho, abdomen y piernas, amenazas constantes. Además, dijo que le arrojaron una bolsa llena de orina en la cabeza. Según declaró, estos actos de tortura y malos tratos se dieron con el conocimiento y tolerancia de los funcionarios del Centro”, platica Chaudhuri.

Otro caso es el de un hombre de 36 años fue detenido junto a su madre y su hermana, por supuestos vínculos con pandillas. “Un mes después una funeraria visitó a la familia para informarles de la muerte de la persona, con quien no se habían podido comunicar desde su detención. Ninguna autoridad les notificó de la muerte en ese momento. Según un documento del Instituto de Medicina Legal, el dictamen forense apuntó originalmente a un edema pulmonar como causa preliminar de la muerte. La familia relató que al revisar el cuerpo observaron múltiples moretones”, asegura Amnistía Internacional.

LEG