Guillermo Fernández-Maldonado Castro, afirmó que las autoridades mexicanas deben aplicar ley y garantizar no repetición por muerte de migrantes en Juárez
Foto: Cuartoscuro / archivo / En el periodo mencionado se expidieron y entregaron 11 mil 91 tarjetas de residente temporal y 12 mil 398 permanentes  

Durante los dos primeros meses de este año, 6.1 millones de personas extranjeras entraron en México, un incremento de 37.5% respecto al mismo período de 2022, de acuerdo al Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias.

Además, en el periodo mencionado se expidieron y entregaron 11 mil 91 tarjetas de residente temporal y 12 mil 398 permanentes.

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Respecto a entradas ilegales, según el documento, emitido por el Instituto Nacional de Migración (INM), entre enero y febrero de este año se registraron 70 mil 526 eventos de personas en situación migratoria irregular en México, 54.6% más que en 2022; del total registrado, 66.6% fueron hombres y 33.4% mujeres.

Las principales entidades federativas en donde se llevó a cabo la detección de personas extranjeras en situación migratoria irregular son: Chiapas 41.3%, Tabasco 9.3% y Coahuila 8.8%

La cifra de personas con entrada irregular fue encabezada por los oriundos de Ecuador, con 12 mil 58 casos; seguidos de Honduras, con 7 mil 946; luego Guatemala, con 7 mil 766; después Haití, con 5 mil 36, y finalmente Cuba, con 3 mil 179.

El lunes pasado en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, se registró un incendio dentro de las instalaciones, el cual dejó 39 migrantes fallecidos.

De las víctimas mortales, 18 eran de Guatemala, siete de El Salvador, siete de Venezuela, seis de Honduras y uno de Colombia, informó en conferencia de prensa la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Todos hombres entre los 18 y 51 años. De acuerdo a la funcionaria, de los 28 heridos —10 guatemaltecos, ocho hondureños, cinco salvadoreños y cinco venezolanos—, uno ya fue dado de alta.

“Se iniciará un proceso para reparar el daño a los familiares de las víctimas. Sabemos que el dolor y la tristeza que genera la pérdida de vidas no se supera jamás con esta acción. Sin embargo, es nuestra obligación institucional y moral proteger a las familias de las víctimas”, aseguró Rodríguez.

Entre las políticas para intentar frenar la migración irregular en el país durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha implementado el programa de Sembrando Vida en algunos países de Centroamérica, el cual consiste en sembrar árboles frutales y granos a cambio de un apoyo económico financiado por México.

Uno de los acuerdos entre México y Estados Unidos sobre movilidad laboral es la ampliación de las restricciones migratorias a personas de Cuba, Haití y Nicaragua.

Las medidas incluyen la expulsión acelerada a México, y sin opción a pedir asilo, de quienes no cumplan con los requisitos impuestos, dichas acciones fueron heredadas por el gobierno de Donald Trump al de Joe Biden.

LEG