Minimizar la muerte de al menos 38 migrantes y convertir el hecho en un “ataque al Gobierno’’ son las fórmulas que ha puesto en práctica la 4T para deslindarse de sus responsabilidades en tragedias y/o atentados.

Al menos treinta y ocho migrantes murieron, pero la víctima es el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No solo la oposición en México, sino organizaciones internacionales de asistencia y derechos humanos responsabilizaron al Gobierno mexicano por el trato que se da a quienes huyen de la miseria y la violencia, principalmente en Centroamérica.

Pero, lejos de asumir la responsabilidad que a todas luces tiene, el Presidente culpa a los migrantes de su propia muerte y su feligresía acusa a los acusadores de “lucrar con la tragedia’’.

Tal como lo hicieron quienes ahora gobiernan con los casos de la Guardería ABC y el derrumbe de la mina en Pasta de Conchos, por citar solo dos ejemplos.

Pero para que no quede duda de la responsabilidad del Gobierno mexicano en la tragedia, existe un video ampliamente difundido en el que se ve cómo algunos migrantes prenden fuego a varias colchonetas, pero también cómo otros tratan de abrir la reja que está cerrada con candado y no pueden salir.

Lejos de ayudar, el personal de Migración presente sale corriendo en lugar de ayudar a evacuar el edificio.

El Presidente dijo ayer que los migrantes iniciaron el incendio “porque sabían que iban a ser deportados’’, pero ni eso está claro.

Versiones de otros migrantes aseguran que la protesta fue porque durante todo el día el personal del INE no les había proporcionado agua para beber.

Evidentemente, para la relatoría oficial conviene más hacer creer que los migrantes no querían ser deportados que asumir el hecho de que, probablemente, solo querían agua para beber.

En cualquier otro país civilizado, una tragedia de esta magnitud ya les habría costado el puesto a dos o tres funcionarios de alto nivel.

Pero aquí, el Gobierno ha decidido proteger al director del INM, Francisco Garduño Yáñez y, sobre todo, a dos de sus precandidatos presidenciales con innegable responsabilidad administrativa en los hechos: el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación Adán Augusto López, de quien depende oficialmente el Instituto de Migración.

Quizá no fue el Estado, pero sí el Gobierno.

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La renuncia de Edmundo Jacobo Molina a la secretaría Ejecutiva del INE, si bien tiene su razón de ser como el propio funcionario explicó, también representó un golpe en la moral para miles de ciudadanos que salieron a defender al INE el pasado 26 de febrero.

Nadie puede cuestionar la eficiencia y buen nombre de Jacobo Molina, pero su renuncia, a dos semanas de que un Tribunal dejará sin efecto su despido como lo establecía el Plan B del Gobierno, envía una señal de derrota anticipada.

¿En quién recaerá la responsabilidad de administrar todo el aparato electoral que estuvo en orden y trabajando eficientemente en las manos de Molina?

Esa será otra lucha.

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El diputado Xavier González Zirión, aspirante a la jefatura de Gobierno de la CDMX, pidió a los partidos que forman la Alianza Va por México cuidar al extremo el proceso de selección del candidato en la ciudad, lo que incluye garantizar piso parejo para todos los aspirantes, ya sea que provenga de un partido político o de la sociedad civil.

Todavía falta, pero la petición es totalmente válida.

LEG