Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que la batalla legal contra el Plan B comenzó desde ayer, con la publicación de la segunda parte de la reforma electoral.
Durante la firma de un convenio con el PRI, el presidente del organismo señaló que los cambios legales se combatirán por todos los medios institucionales.
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Córdova dijo que el Instituto Nacional Electoral presentará una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para intentar “restablecer el orden constitucional e impedir que una mayoría tiránica (y) autoritaria” trastoque la autonomía del organismo.
A la fecha, el organismo electoral ha presentado una controversia contra la primera parte del Plan B y ayer impugnó, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el despido del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina.
La batalla seguirá en la Corte con la presentación de un segundo recurso contra la otra parte del Plan B, la que incluye una reestructura de la plantilla del INE y cuyo diagnóstico es que implicaría el despido de miles de trabajadores, con un costo por liquidaciones superior a los 3 mil 500 millones de pesos.
A la par, en la Corte, de acuerdo a información extraoficial, hay casi un centenar de quejas para controvertir la primera parte del Plan B, las cuales han sido interpuestas por partidos políticos, gobiernos estatales y ayuntamientos.
En los próximos días, según han anunciado los partidos de oposición y el INE, se ingresarán otros recursos contra la reforma electoral, por lo que será la Corte la que defina si los cambios tienen validez constitucional.
La ruta que se seguirá en la SCJN incluye la posible admisión a trámite de las controversias, definir qué ministro elaborará el proyecto de sentencia; y, en su caso, definir si se suspenden sus efectos hasta que haya una resolución de fondo.
Mientras comienza la batalla legal, en el Instituto Nacional Electoral se alistan para acatar los efectos administrativos inmediatos del Plan B, pues hoy se propondrá al director de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Roberto Heycher, como encargado de la secretaría Ejecutiva, en tanto se conoce el futuro del Plan B.
El INE estableció una ruta para solicitar al Tribunal Electoral que sean de urgente resolución los juicios laborales ante la aplicación del Plan B, como sucedió con la impugnación ingresada contra el despido de Jacobo Molina.
Lorenzo Córdova dijo que confía en que el TEPJF revoque la remoción del secretario Ejecutivo y este regrese a sus funciones, hasta en tanto la Suprema Corte resuelva sobre la constitucionalidad del Plan B.
El presidente del INE dijo que la batalla jurídica no significa un rompimiento con el Gobierno federal, pues dijo que seguirán colaborando a diario con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y entregarán a la Secretaría de Gobernación los testigos del monitoreo de radio y televisión, lo que genera ahorros por 500 millones a la Cuarta Transformación.
Falta participación en consultas: INE
La consejera Adriana Favela señaló que los organismos electorales deben involucrar más a la ciudadanía en los mecanismos de democracia directa, como las consultas, pues en el país todavía es baja la participación en esos procesos.
Durante el Foro Internacional de Democracia Directa, la consejera dijo que las consultas populares, referéndums o plebiscitos “pueden ser un gran instrumento para que se manifiesten y tomen decisiones”.
Ante expertos de varios países, la consejera detalló que en México las elecciones de 2021 registraron una participación ciudadana de 52.66%; en 2018 fue de 63% y, en mecanismos de democracia directa, disminuye considerablemente, como en la Consulta Popular de 2021, con un índice de votantes de 7.11%, y la Revocación de Mandato, con 17.77%.
A su vez, en el panel “¿La democracia directa es una herramienta que empodera autócratas o más bien una herramienta que puede usar la gente en contra de personas autoritarias?”, el consejero Jaime Rivera apuntó que los mecanismos de democracia directa también pueden tener un efecto contrario y debilitar las instituciones.
“Si las democracias no son sólidas, con una efectiva división de poderes y con una participación libre, activa y bien informada de la ciudadanía, los mecanismos podrían debilitar a las instituciones, ya que podrían convertirse en instrumentos autoritarios para dar más poder a quien ya lo tiene”, sostuvo.
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