Prácticamente en diciembre de cada año, el IMSS registra “una pérdida de empleos” de manera cíclica, producto de empleos temporales o bajo condiciones laborales que pasada la época productiva de cierre de año, las empresas suelen dar de baja para reactivar las plazas durante el siguiente ejercicio fiscal.
El promedio del número de plazas de baja durante diciembre en los últimos cinco años asciende a -346 mil plazas o en los últimos diez años de -305 mil plazas. Con estos estimados, la creación de empleos 2022 podría estar entre los 750 y 800 mil plazas.
Sin embargo, el Gobierno de México, por tercer año consecutivo, está identificando patrones que, históricamente, durante el mes de diciembre, dan de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) a personas trabajadoras para recontratarlas en enero del año entrante.
“Las bajas injustificadas impactan negativamente en la continuidad de los derechos laborales, de seguridad social y de vivienda de las personas trabajadoras afectadas”. Entre noviembre y diciembre de 2021, se perdieron 312 mil 902 puestos de trabajo, de los cuales 69.1% correspondía a puestos de trabajo registrados como permanentes.
Si bien existen contrataciones temporales legítimas, lo cierto es que muchas de las personas trabajadoras dadas de baja en diciembre y recontratadas en enero están registradas por los patrones ante el IMSS como permanentes; por lo tanto, estas bajas son una práctica totalmente irregular. Al respecto, cabe destacar que durante enero de 2022 se recontrataron con la misma empresa 126 mil 256 personas trabajadoras dadas de baja en diciembre de 2021.
En virtud de lo anterior, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el IMSS y el INFONAVIT enviaron cartas a los patrones que presuntamente incurren en estas prácticas, con el propósito de que revisen si el manejo de su plantilla laboral se encuentra acorde al marco normativo vigente y eviten realizar acciones que vulneren los derechos de las personas trabajadoras concernidas, como consecuencia de la elusión de obligaciones en materia laboral y de seguridad social.
PEP bajo la lupa
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de Jesús de la Fuente estará muy atento a lo que ocurre en CI Banco, ya que esta institución bancaria tendría que realizar un pago a favor de un empresario favorecido durante la gestión de Emilio Lozoya.
Resulta que en los últimos 5 años existe un litigio que deriva de los pagos que Pemex Exploración y Producción realizó a favor del grupo Coastal Contracts, Nuvoil y Trese por el arrendamiento de una plataforma de compresión de gas sumergible. CI Banco actuaba como intermediario entre la petrolera y el consorcio para recibir a través del fideicomiso CIB/2346 alrededor de 114 millones de dólares que hoy se disputan los mismos socios que operaron el contrato de Pemex.
En agosto de 2018 cancelaron el contrato por una explosión de la plataforma originada por falta de mantenimiento. La empresa entró a concurso mercantil en la que designaron al exsenador Carlos Sotelo García como síndico, en donde su actuación ha sido parcial, ya que únicamente se favoreció a Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados (Trese) de Ricardo Silva, un empresario espontáneo en materia energética y en perjuicio de sus socias Coastal Contracts y Nuvoil, las cuales se encargaron de los costos y operación de la plataforma petrolera. Las autoridades hacendarias y el equipo de Octavio Romero revisarán las acciones jurídicas.
@1ahuerta