Enclavados en la Sierra Tarahumara y el desierto de Chihuahua, cuarteles de la Guardia Nacional y el Ejército son utilizados por las Fuerzas Armadas para enviar a los militares con problemas de conducta, investigados por presuntas actividades ilícitas y acosadores.
De acuerdo con un documento confidencial, hallado por 24 HORAS entre los cuatro millones de correos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el grupo Guacamaya, el aparato de inteligencia del propio Ejército monitorea a estos elementos “problemáticos” prácticamente las 24 horas del día.
Las estadísticas señalan que, hasta agosto pasado, había 58 soldados, diseminados en las bases de Ojinaga, Mil Palomas y en Nuevo Casas Grandes, en Chihuahua.
Los soldados fueron dados de baja de sus respectivos batallones por mala conducta, pero la Defensa Nacional no los sacó de las Fuerzas Armadas, sino que los envió a estos cuarteles, ubicados en comunidades alejadas.
El documento de inteligencia da cuenta de los militares que fueron enviados a la guarnición de la Guardia Nacional en Puerto Palomas, Chihuahua. Por ejemplo, está el caso de un sargento, en el que sin explicar nada más, se le da la instrucción a sus superiores de que no se le den asignaciones que tengan que ver con el reclutamiento o trato con personal femenino.
Mientras que al destacamento de la Guardia Nacional en la Sierra Tarahumara llegó un sargento segundo, quien estaba asignado a la Dirección General de Administración de la Escuela Médico Militar, pero al que se le investiga “por el presunto desvío de recursos a cuentas personales, de familiares y militares que ya causaron baja”, lo cual fue detectado por la Contraloría General del Ejército en una auditoría.
Existe al menos otra decena de casos de militares que causaron alta en Puerto Palomas, incluidos elementos de las Fuerzas Especiales, por “conducirse con acciones contrarias a la disciplina militar”. Y, aunque no se detallan sus conductas, se pide al aparato de inteligencia que le dé un seguimiento discreto a su vida civil y militar.
Otro elemento, que llevó un proceso en un tribunal civil por extorsión agravada, pero fue dejado libre por falta de pruebas, fue asignado a la base de la Guardia Nacional en la Sierra Tarahumara.
El Ejército también envió a esa base a tres mujeres militares, quienes laboraban en el Centro Militar de Justicia, el Centro de Operaciones del Ciberespacio y la Dirección de Vestuario y Equipo, a quienes un Consejo de Honor determinó su mala conducta y el cambio de sede.
Al Noveno Regimiento de Caballería, con base en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue enviado un capitán con vínculos con la delincuencia organizada, para tenerlo monitoreado las 24 horas.
La inteligencia militar lo involucra como el principal reclutador de sicarios para un líder del grupo delictivo La Línea, en las localidades de Ahumada, Guadalupe y Praxedis.
La orden para sus superiores fue asignarlo a la vigilancia de puentes internacionales en la frontera y a la supervisión del desembarque de explosivos, “con lo que se disminuye la probabilidad de que cometa conductas ilícitas”.
Otro sargento fue enviado a otro destacamento porque, en un año, acumuló 36 arrestos por el consumo de alcohol.
La Compañía de Defensas Rurales, en Madera, Chihuahua, también es receptora de militares con mala conducta, aunque los detalles de las faltas que cometieron no se incluyeron en el informe.
A la base de la Guardia Nacional, en Ojinaga, Chihuahua, fueron enviados militares que estuvieron un mes en la prisión castrense por desertores.
También a Ojinaga fue enviado un soldado que estuvo preso un año por posesión ilegal de cartuchos del Ejército en la Ciudad de México y, tras cumplir su castigo, fue transferido a ese destacamento.
En otros casos de cambio de adscripción, resaltan los de varios cadetes de la Escuela Militar de Aviación, quienes acumularon 30% de faltas en sus asignaturas, por lo que fueron dados de baja del plantel y enviados a la guarnición de la GN en la Sierra de Chihuahua.
LEG