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Foto: Cuartoscuro / archivo/ El Congreso de la Unión no ha expedido la ley reglamentaria a la reforma constitucional que incorporó el derecho humano al agua como una obligación del Estado mexicano  

Han pasado 10 años y el Congreso de la Unión no ha expedido la ley reglamentaria a la reforma constitucional que incorporó el derecho humano al agua como una obligación del Estado mexicano.

De acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, desde el 8 de febrero de 2012 se publicó la reforma constitucional que fijó un plazo de 360 días para expedir la ley reglamentaria correspondiente, sin embargo, hasta la fecha, esta ley aún no ha sido aprobada por el Congreso.

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El estudio “Iniciativas que abrogan o modifican la Ley de Aguas Nacionales presentadas en el Senado de la República”, elaborado por el investigador Benedicto Zamora Saenz, refiere que en la actual Legislatura (LXV) se han presentado ocho iniciativas sobre el tema y de ellas, solo una plantea la expedición de un nuevo ordenamiento de carácter general como lo dispone el artículo 4 constitucional.

Mientras que los temas que más interés han generado en el Senado se relacionan con el uso doméstico y agrícola del agua, con aspectos institucionales en la gestión del agua y con la calidad de este líquido.

Al mismo tiempo, también se encuentra en la discusión legislativa, la pertinencia de crear una Secretaría del Agua, lo que podría formar parte de la deliberación en torno a la Ley General que no ha logrado aprobarse.

La iniciativa de la senadora Gloria Sánchez Hernández es la que plantea una Ley General del Agua y una mejor distribución para que no se concentre en pocos usuarios, definir las formas de participación de los tres órdenes de Gobierno, favorecer la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la gestión del agua y poner especial atención en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.

Según el documento del IBD, otro aspecto que es importante tomar en cuenta es que el 22 de abril de 2021 entró en vigor el Acuerdo de Escazú, que prevé compromisos en materia de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental, lo cual podría ser un referente para la actualización de la legislación nacional en materia hídrica.

 

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