La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que modifica el artículo 4 de la Constitución para que los apoyos económicos, pensiones no contributivas, becas y demás respaldos para el combate a la pobreza y desigualdad social, que entreguen los tres órdenes de Gobierno no serán susceptibles de retenciones, descuentos, deducciones, compensaciones o embargos por parte de particulares.
La diputada Mary Carmen Bernal (PT) expuso que las entidades financieras establecen cláusulas abusivas que les permiten descontar, retener y embargar recursos a quienes reciben dichos apoyos, lo que afecta a los grupos más vulnerables y desprotegidos.
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Aleida Alavez Ruiz (Morena) indicó que se deben blindar esos recursos y hacer valer el derecho al mínimo vital con apoyos a personas con discapacidad permanente y adultos mayores que no tienen medios económicos suficientes.
Reclamó que hay instituciones financieras que cuando ven el recurso en la cuenta del beneficiario, y hay algún adeudo, lo cobran, lo cual, reconoció no es ilegal porque se establece previamente en los contratos, “pero sí es injusto”, por lo que se pronunció a favor de la propuesta.
La diputada Cynthia López Castro (PRI) destacó la importancia de proteger a las personas para que los apoyos gubernamentales que reciben no les sean embargados y propuso que los beneficiaros puedan autorizar a los bancos a tomar el dinero del programa social para pagar un préstamo o domiciliar el cobro de un servicio.
“Es dejar la ventana para que no les toquen ese dinero, pero tampoco les prohibamos la oportunidad de acceder a un crédito”, puntualizó, sin embargo, su propuesta fue rechazada.
La diputada de Morena, Susana Prieto Terrazas, expresó que si no se hacen inembargables esos recursos se colocaría a las y los beneficiaros en un estado de indefensión ante instituciones leoninas.
LEG