La declaración del subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, en el sentido de que “un grupo del crimen organizado” habría asesinado al alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia, en represalia al aumento de la presencia militar en la zona, podría implicar el inicio de una confrontación violenta.
El municipio de Aguililla, Michoacán, apareció como una especie de laboratorio del modelo de seguridad pública del Gobierno federal: una mayor presencia social e institucional del Estado en una zona que había sido capturada casi en su totalidad por grupos vinculados al Cártel Jalisco, con la decisión de resistir agresiones, no caer en provocaciones violentas y movilizar a grupos de la sociedad a favor de la construcción de la paz.
La respuesta del crimen organizado fue escalar las agresiones contra las fuerzas armadas en situación no agresiva sino disuasiva e inclusive utilizar instrumentos propios del terrorismo: los drones y las minas terrestres, ambas improvisadas e intimidatorias.
En este escenario, la respuesta del Estado en Aguililla puede ser el inicio de una nueva fase de la estrategia de seguridad pública basada en acciones localizadas contra bandas criminales en situación de ofensiva criminal contra las fuerzas de seguridad del Estado. No se trata, pues, de un regreso a la narcoguerra, sino del ejercicio de las facultades institucionales del Estado en materia de seguridad para recuperar espacios públicos capturados por las bandas.
En todo caso, habrá que esperar las reacciones de las bandas criminales para percibir si escanean la confrontación o deciden regresar territorios al control del Estado. Y consolidar controles fronterizos para evitar la contaminación de la violencia a otras entidades por el llamado “efecto cucaracha”.
Zona Zero
- Aunque las cifras oficiales señalan que los homicidios dolosos han comenzado una dinámica de disminución, de todos modos, se trata de datos que no deben echar las campanas al vuelo: 7% de reducción con respecto a 2018, pero con una cifra diaria de 81 que sigue siendo muy alta y que debiera estar por debajo de 40. El otro dato significativo señala seis estados que concentran 50% de los homicidios: Michoacán, Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh