El avance de la delincuencia ha rebasado la capacidad de las instancias civiles tradicionales de contención y combate y de modo natural se ha pasado de la seguridad pública como afectación de los bienes privados a la seguridad interior como obligación del Estado para garantizar el funcionamiento de la economía y la democracia y de modo natural ha aterrizado en la seguridad nacional como defensa de los intereses de la república más allá de la vigilancia de las fronteras.
En este sentido, tal decisión de asignar militares y marinos en la vigilancia de puertos, aduanas y aeropuertos forma parte sustancial de la política de seguridad nacional contra una delincuencia que ha rebasado a las instancias civiles y que requiere del enfoque de seguridad nacional en tanto que el narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado forman parte de una estructura delictiva transnacional.
En la Estrategia Nacional de Seguridad Pública definida al inicio del actual Gobierno se asumió el compromiso de elevar los niveles de comprensión de lo que se llamó “cultura de seguridad interior”, es decir, la comprensión social de los tres niveles de seguridad.
La intervención del crimen organizado en procesos electorales, la captura criminal de estructuras de Gobierno, la capacidad creciente de armamento por parte de las bandas y la consolidación del dominio delictivo de importantes porciones territoriales de la soberanía del Estado señalan los indicios de una situación de emergencia y por tanto conducen a decisiones de fondo para introducir tareas de seguridad interior de las fuerzas armadas en espacios delicados de garantía de la gobernabilidad pública ahora penetrada por los intereses de las bandas criminales.
Zona Zero
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La crisis de Seguridad Pública en Colima por la disputa territorial entre el Cártel Jalisco y el Cártel de Sinaloa tiene su razón específica en el control estratégico del puerto de Manzanillo y el espacio territorial de la ruta del Pacífico entre Michoacán y Jalisco. Mientras no haya una decisión pública contra esas dos organizaciones criminales, la violencia de la inseguridad seguirá afectando a buena parte de la República. La crisis de seguridad exige la persecución de capos y la desintegración de cárteles.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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