Carlos Ramírez
De manera irresponsable, los partidos políticos están contribuyendo a profundizar la crisis de seguridad al desvincular la selección de sus candidatos del tema central de la seguridad pública y sus efectos en la seguridad interior y la seguridad nacional.
En Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Sinaloa, Tamaulipas, Estado de México y Quintana Roo, oficinas federales y estatales de gobiernos y el INE dejaron las puertas abiertas para el involucramiento más directo del crimen organizado en la captura de estructuras políticas territoriales y del Estado.
La irresponsabilidad de todos los partidos ha llevado a la desvinculación de la política y la seguridad, pero en los espacios legislativos proliferan las críticas a la política de seguridad del Gobierno federal. Varios partidos han permitido la penetración en sus filas de los intereses criminales, a pesar de advertencias y señalamientos a tiempo para impedir la expansión política del crimen organizado.
Ahora mismo las elecciones de gobernador en Quintana Roo, Tamaulipas y Oaxaca en junio próximo deberían pasar por filtros de seguridad más estrictos para impedir la participación de las organizaciones delictivas, pero se han comenzado a colar candidatos que se dicen admiradores de narcos criminales como Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
El INE incumplió sus funciones de supervisión estricta de candidaturas, a pesar de evidencias concretas publicadas sobre situaciones de involucramiento del crimen organizado a favor de algunos candidatos y algunos partidos; hoy, el error se está repitiendo en las elecciones en seis entidades de la República.
La crisis de seguridad nunca será superada si no hay voluntad de participación de partidos e instituciones públicas para cerrarle espacios al crimen organizado.
Zona Zero
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La crisis de seguridad en Estados Unidos es muy grave: un policía fue asesinado en Nueva York con un arma modificada para convertir su cargador de diez balas a un aditamento circular que permite el almacenamiento de cuarenta. Estas armas se han utilizado en guerras como las de Afganistán y han sido producidas por empresas estadounidenses y europeas, sin que las autoridades asuman decisiones inmediatas que impidan su proliferación. Los cargadores adicionales cuestan menos de 100 dólares y se venden por internet.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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