David Colmenares, titular de la ASF.
Foto: Cuartoscuro  

Al reconocer que la corrupción se encuentra en los más distintos ámbitos desde las altas finanzas hasta la interacción de ciudadanos con cualquier tipo de autoridad, el auditor superior de la Federación, David Colmenares, reconoció que el crimen organizado “tiene un papel en contra de quienes hace un gran esfuerzo para abatir el tema de la corrupción, la violencia, la inequidad”.

En el marco del Foro Anticorrupción organizado por el Senado de la República en el Día Mundial contra la Corrupción, el titular de la Auditoría Superior, dijo que actividades como la producción y distribución de narcóticos, la trata de personas, el tráfico de especies, el lavado de dinero, la evasión fiscal, implican operaciones millonarias que dañan a la sociedad, desprestigian al Estado, a los estados nacionales.

Dijo que si bien la corrupción no es generalizada, ésta se presenta en los negocios, los deportes, la academia, en la impartición de justicia, el comercio, los medios de comunicación o cualquier otra manifestación de la vida social.

El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, reconoció que una de las dificultades a la que se enfrenta el gobierno, “consiste en que las mediciones de las que disponemos no ofrecen una visión completa del fenómeno sino sólo de alguna de sus manifestaciones, que son múltiples”.

Dijo que gran parte de las encuestas se concentran en el cohecho, cuando hay otros 12 delitos tipificados en el Código Penal Federal como conductas corruptas de las que también se requieren estadísticas.

“Otro inconveniente consiste en la preponderancia de las encuestas de percepción, sobre las que aportan información de hechos y evidencias, que son las que nos hacen falta”; de ahí la importancia de perfeccionar y ampliar las mediciones con las que contamos acerca de la corrupción, a efecto de dimensionar la realidad del problema, representa una tarea compleja en la que se requiere la acción conjunta de los distintos órganos que atienden esta cuestión.

Informó que en materia de combate a la impunidad, la Función Pública ha sancionado 155 licitantes y proveedores. Las multas impuestas, ascendieron a más de 150 millones de pesos. Adicionalmente, impusieron más de 3 mil sanciones administrativas a 2 mil 467 servidores públicos.

Al respecto, Kristian Hölge, representante de la Oficina de las Naciones Unidas (ONU) contra la Droga y el Delito en México, consideró necesario buscar la reparación del daño social, la recuperación de lo robado, la reinversión de estos recursos en el desarrollo sostenible, en beneficio de nuestras sociedades.

Para ello, llamó a los senadores, organismos autónomos y autoridades a formar una alianza anticorrupción público-privado-social; “hombro con hombro, aliémonos entre el Gobierno, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía”.

LDAV