A 17 años del asesinato de Nadia Muciño Márquez, ahorcada por su esposo y cuñado, el Estado mexicano reconoció ayer que se cometieron violaciones en el proceso judicial, lo que permitió que fuera liberado uno de los asesinos, a pesar del testimonio de sus hijos, quienes presenciaron el ataque.
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Durante una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edith Olivares, perita de Amnistía Internacional, quien acompaña el caso, afirmó que el asesinato de esta madre ejemplifica la violencia de género en México y la impunidad que prevalece.
Nadia murió a los 23 años en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a manos de su pareja y su cuñado; su muerte se catalogó como suicidio aún con la declaración de dos de sus tres hijos, en ese entonces de 4 y 5 años, quienes fueron testigos.
Olivares remarcó diversas irregularidades en el asesinato de Nadia: el mal manejo y resguardo de pruebas, lo que permitió ue la familia del imputado las destruyera; la categorización de la violencia y secuestro sufrido por la victima antes de su muerte como pleito doméstico, y la omisión de justicia de la familia.
Marco Moreno Báez, de la secretaría de Gobernación, dijo que “si bien el homicidio de Nadia fue cometido por particulares cuya naturaleza es de carácter civil, el Estado mexicano es responsable de la comisión de diversas violaciones de derechos humanos” en agravio de ella y su familia, por lo que se debe reparar el daño.
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Antonia Márquez, madre de Nadia, detalló lo que ha pasado desde la muerte de su hija, y exigió “que Isidro -esposo de la víctima- sea juzgado, esté en prisión y pague por la muerte de mi hija”, al igual pidió se sancionen a los servidores públicos que incurrieron en irregularidades.
LEG