Después de los ataques del 9/11 del 2001, el Gobierno de EU dio un paso audaz: puso orden en sus oficinas de inteligencia para la seguridad nacional porque la agresión había sido una terrible falla de prevención, y creó la Dirección de Inteligencia Nacional para coordinar las 16 agencias de inteligencia del Gobierno central.

En su estrategia nacional de seguridad, el Gobierno lopezobradorista anunció la creación de un sistema nacional de inteligencia y el Programa para la Seguridad Nacional, pero casi se cumplen tres años y no hay siquiera indicios de avance. Las dos ofertas eran determinantes para el éxito de la meta de bajar la inseguridad.

La inteligencia es la clave de toda estrategia de seguridad nacional de Estado para mantener la soberanía y la independencia externa e interna. Todos los mandatarios de gobiernos democráticos eluden involucramientos en estos temas, pero existen y los delegan a los responsables del área.

El salto de un Estado social a un Estado de seguridad interior es cualitativo y estratégico. Y requiere de un marco jurídico: ley de seguridad nacional, ley de seguridad interior, ley de espionaje, ley de secretos públicos, entre otras. Un Estado sin espionaje es un Estado vulnerable. El asunto está en que existan controles democráticos a las prácticas de acceso a la información secreta que garantice la hegemonía del Estado.

La clave del equilibro entre espionaje y democracia en EU se localiza en las funciones de vigilancia estricta del Senado, aunque al final los senadores forman parte del modelo imperial de Estado de seguridad nacional estadounidense.

Se parte de un hecho común: los enemigos de la democracia y del Estado se mueven en la clandestinidad.

Zona Zero

•      En sus textos en Democracia y secretos (FCE), el politólogo Norberto Bobbio dice: “el servicio secreto con el que cuenta cada Estado es, se dice, un mal necesario (…). Los servicios secretos (poder invisible: NB) son compatibles con la democracia con una sola condición: que se encuentren bajo el control del Gobierno, del poder visible que es, a su vez, supervisado por los ciudadanos (y el Congreso: CR), de manera que su actuación se dirija en todo momento a la defensa de la democracia”.

 

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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