El 16 de junio pasado, el analista político obradorista, Hernán Gómez Bruera, escribió en su cuenta de Twitter: “Lamentablemente, no hay otra opción que extorsionar a (Manuel) Velasco (senador del PVEM). Cuando se lidia con cierto tipo de grupos delictivos el fin justifica los medios. O los extorsionas o te extorsionan. Se llama poder. Eso es la política real. Aunque indigne a los progres y a los dressers (sic)”.

Pero, ¿a qué se refería Gómez? El 7 de junio, el líder de facto del PVEM, Manuel Velasco—un aliado de MORENA y del presidente López Obrador—, anunció (Milenio, 07/06/21) que su agrupación buscará acuerdos con todas las fuerzas políticas en el Congreso, incluyendo PAN, PRI y PRD. Esto, un día después de que MORENA perdiera influencia legislativa tras la elección federal intermedia.

El 12 de junio, cinco días después de las declaraciones de Velasco, se “reveló” que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, estaba investigando a Velasco por un presunto desvío de 500 millones de pesos cuando este era gobernador de Chiapas (2012-2018)—el estado más pobre del país—. En abierto desafío al presidente, la dirigencia formal del PVEM, así como el coordinador senatorial morenista Ricardo Monreal, se solidarizaron con su colega Velasco. Al final, probablemente Velasco se “cuadrará”, sea culpable o no. Pero el debido proceso quedará, de nuevo, mancillado por el priismo setenetero del presidente.

En este contexto, Gómez lanzó su tweet justificando el uso de la extorsión por parte de la “cuarta transformación”. Su mensaje hacía eco de aquel planteamiento weberiano de que el Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza (violencia) física. Según Gómez, al parecer el Estado (mexicano) también tiene el monopolio del uso de la extorsión con fines político-electorales.

Por lo mismo, me intriga saber qué piensa Gómez ahora que la periodista Peniley Ramírez (Reforma, 26/06/21) reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está “investigando” al consejero del INE, Ciro Murayama—alguien que, casualmente, es detestado por López Obrador—. ¿Estará satisfecho? ¿Querrá más persecuciones? ¿Qué diría si el SAT o la UIF de Peña Nieto lo extorsionará a él por anunciar discrepancias con el peñismo?

Sospecho que Gómez aún no entiende la gravedad de ser un “tonto útil” y usar su pefil público para justificar potenciales acciones criminales por parte del Gobierno Federal—este o cualquier otro—. La historia nos ha enseñado que aquel poder que no se limita, tiende a expandirse. Es casi una ley gravitacional.

Por ello, lo sepa o no Gómez, al justificar que se extorsione a quienes manifiestan independencia política del Ejecutivo—lo que planteó, a fin de cuentas, Velasco; y lo que siempre ha mostrado Murayama—, está pidiendo que ese poder de extorsión crezca. Y ojo: si un día este u otro Gobierno Federal extorsiona o intenta silenciar a Gómez, no tendrá mucha legitimidad para quejarse. Él habría sido de los principales promotores de dicho mecanismo.

@AlonsoTamez