Renata Díaz Barreiro Castro
Investigadora en Early Institute
Recientemente decenas de organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron para detener la violencia y explotación sexual infantil que ocurre en las escuelas preescolares mexicanas. Exhortaron a las autoridades educativas para crear estrategias de prevención, vigilancia y denuncia ante cualquier delito sexual.
Esta fue una respuesta al informe presentado por la Oficina de los Derechos de la Infancia (ODI) en el que se documentaron casos de violencia y explotación sexual en diversos Estados de la República ocurridos desde el año 2011. El informe visibiliza 37 casos (16 de ellos casos colectivos) que reflejan que niñas y niños en preescolar están sufriendo violencia sexual severa dentro de las escuelas.
Los resultados del informe no sólo indignan por la naturaleza de los delitos sexuales en contra de menores de 6 años, sino también porque se visibiliza que existen patrones reiterativos que reflejan una delincuencia organizada en las múltiples escuelas en las que niñas y niños sufren violencia sexual de manera cotidiana, por más de un delincuente (personal escolar y extraños) y en distintos espacios de la escuela (baño, dirección escolar, salones, espacios abiertos), en ocasiones son sacados de la escuela y llevados a casas con agresores sexuales. Incluso varios casos reflejan la sedación de niñas y niños para la práctica de agresiones sexuales en su contra.
Aunque existen algunos protocolos impulsados por organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde se establece que en los casos en los que pudiera haber un delito, el Director o Directora del plantel educativo junto con la Supervisión Escolar deben asegurarse que se haga del conocimiento de la Procuraduría de Protección que corresponda. El informe presentado deja ver las carencias en la supervisión efectiva en las escuelas.
Se ha podido constatar que la respuesta de las autoridades escolares es insuficiente, en palabras del informe “La práctica institucionalizada por la SEP de proceder con una investigación interna ante la denuncia de delitos graves, hace difícil distinguir entre la omisión y el encubrimiento”.
Además, el informe enfatiza una problemática estructurada debido a la fragmentación de la investigación, la exclusión de las víctimas y la falta de procedimientos adecuados para la testimonial infantil, lo cual se traduce en una gran impunidad para la delincuencia en contra de la infancia. Resulta evidente que las estrategias de prevención y atención son insuficientes e ineficientes.
Además, el informe concluye que no es únicamente un delincuente el que ejerce, sino que hay varios adultos involucrados en la violencia sexual ejercida y que las conductas se dan a partir de un silencio colectivo lo cual facilita la violencia sistematizada en contra de las niñas y niños dentro de espacios educativos.
Estarán de acuerdo que el tema es de la mayor importancia. Por ello, desde Early Institute coincidimos que es urgente la respuesta de autoridades para prevenir y atender no sólo los casos documentados en el Informe sino muchos otros que también se hallan en el silencio y la indiferencia. Es imposible que las niñas y niños puedan ejercer su derecho a la educación mientras no se tenga la certeza de que la escuela es un ambiente seguro.
Finalmente, quisiera referirme a madres y padres, docentes, directivos y personal que labora en nuestros entornos educativos. La prevención de la violencia sexual es responsabilidad de todos, acabemos con el silencio colectivo y alcemos la voz ante cualquier delito sexual que sea de nuestro conocimiento, no permitamos que ningún caso se quede en una carpeta administrativa y, no menos importante, estemos atentos a cualquier señal que nos indique que algún niño o niña pudiera estar sufriendo cualquier tipo de violencia sexual. Las niñas y niños no pueden protegerse solos, actuemos como comunidad para protegerlos.
AR