Ayer arrancó entre fuego el proceso electoral más grande en la historia del país.

Entre fuego por el asedio que desde la Presidencia de la República padece el INE desde hace varios meses y que se ha intensificado por la osadía del árbitro electoral de retirar al partido en el Gobierno candidaturas presuntamente tramposas.

Entre fuego porque cientos de candidatos de todos los partidos políticos están bajo la presión de la delincuencia organizada en gran parte del territorio nacional, como se ha revelado en este espacio y otras publicaciones y que ha confirmado el presidente del nuevo partido Redes Sociales Progresistas, Fernando González.

El dirigente partidista informó que RSP no postuló candidatos en 60 municipios por amenazas directas de la delincuencia organizada, algunos de ellos ubicados en Quintana Roo, Zacatecas, Jalisco y Tamaulipas.

El Covid-19 y la lentísima campaña de vacunación también impactarán en las campañas políticas.

Con 6% de la población vacunada (apenas 1% con las dos vacunas), las campañas se reducirán a actos menores, con poco público, en el caso de los partidos responsables; los que privilegian la consecución del poder a costa de la salud de sus militantes seguirán haciendo mítines multitudinarios que los hospitales públicos pagarán en los días siguientes.

Será una elección atípica, compleja, en donde la responsabilidad parece recaerá en la concientización ciudadana y no en los partidos políticos, por más que el árbitro electoral haga sonar su silbato.

 

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Mañana comienza el “debate’’ de la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos, que los diputados de Morena y sus rémoras se preparan para aprobar en fast track, si no hay una contraorden.

La Junta Directiva de la Comisión de Energía determinó que cada uno de los 8 grupos parlamentarios tendrá la posibilidad de llevar a un experto en el tema, que expondrá su opinión sobre la iniciativa por 20 minutos a los que sumarán otros 10 minutos para responder preguntas.

Este formato sustituye al parlamento abierto que la oposición propuso, pero que al final de cuentas los diputados de Morena y sus acompañantes impidieron por mayoría de votos.

De hecho, el ejercicio de mañana servirá para poco y nada, debido a que los diputados guindas tienen la instrucción de pasar la iniciativa “sin moverle una coma’’, como ocurrió con la reforma al sector eléctrico.

Pero por lo menos hay que cubrir las apariencias.

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El caso de Javier Corral contra María Eugenia Campos va más allá de la búsqueda y llana aplicación de justicia, como lo ha dejado ver el hecho de que los gobernadores panistas han apoyado a la candidata a gobernadora pese a que la Fiscalía del estado la vinculó a proceso.

Campos puede ser candidata porque la ley mandata que hasta que no haya una sentencia en firme pierde sus derechos políticos.

Y para como van las cosas, la candidata panista podría ganar las elecciones aún estando en prisión, si fuera el caso, lo que la convertiría en la mártir que Corral tendría que evitar.

¿Qué no le cumplió Campos a Corral para que se desatara esa persecución que exhibe a un panismo fracturado y pone en riesgo la enorme ventaja con la que inician la campaña electoral?

Por cierto, esta persecución -o como le quiera llamar- ha provocado no solo que el CEN del PAN le de la espalda a Corral sino también varios de los gobernadores que lo apoyaron en el pleito que compró con el presidente López Obrador hace no mucho tiempo.

LEG