El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se apuntará una victoria en lo que considera la defensa de la autonomía de la dependencia.

Gertz en persona cabildeó con todos los grupos parlamentarios la iniciativa de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía; acudió a sus plenarias y estuvo trabajando en los detalles que no convencían a los legisladores.

El fiscal argumentó que el hecho de que la FGR participara en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en el que participan otras dependencias, invadía su autonomía al colocarla como subordinada de otra autoridad.

La explicación desde luego que no gustó nada a los grupos de búsqueda de desaparecidos -que son muchos-, porque en su opinión la FGR rehúye una de sus responsabilidades.

Hasta el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se manifestó abiertamente en contra de la iniciativa, firmada por el coordinador de los senadores de Morena Ricardo Monreal.

Dicha iniciativa fue aprobada el lunes pasado con votos de la oposición en las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos II, a la espera de que el jueves pueda ser discutida en el pleno.

Si el consenso se mantiene, la Fiscalía General dejará de participar en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; en el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas, y Adolescentes; en el Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y en la Junta de Gobierno de Protección a Periodistas.

A ver cuáles son las justificaciones legales que presentarán los legisladores.

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A más de un año de haber estallado la huelga en Notimex, ayer ocurrió la primera reunión de alto nivel en la que participaron funcionarios de la Secretaría de Gobernación, el vocero presidencial, Jesús Ramírez, la directora de la agencia, Sanjuana Martínez y la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde.

Hubo acuerdos en principio que permiten a los trabajadores en huelga -reporteros, editores- tener la esperanza de que por fin se les hará justicia.

Las negociaciones continuarán, pero tendrán que pasar por sobre Sanjuana Martínez que se negó a firmar los acuerdos alcanzados por razones que solo ella conoce.

También llama la atención el hecho de que la Secretaría del Trabajo no haya aplicado la ley simplemente, una vez que la huelga fue reconocida como tal y se haya permitido que la agencia siguiera trabajando en clara violación a los derechos de los huelguistas quienes han debido enfrentar la pandemia sin recursos y con la espada de una justicia laboral selectiva en el cuello.

Ojalá haya pronto arreglo.

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El diputado Mauricio Toledo, sujeto a juicio de desafuero en San Lázaro, pidió que Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora, no participara en las sesiones en las que se analiza su caso porque, adelantó, “no garantiza imparcialidad en sus juicios’’.

Así que para efectos del juicio contra Toledo -y solo en este caso-, la presidencia de la Sección será encabezada por el morenista Sergio Carlos Gutiérrez Luna; tampoco participará en este juicio Ana Ruth García Escalante, por ser parte del grupo del PT al que pertenece Toledo; su lugar será ocupado por Francisco Javier Saldívar, también del PT, pero con menos relación con el enjuiciado.

El PRI también sustituyó a su representante en la Sección, ya que la titular, Anilú Ingram Vallines, solicitó licencia para separarse del cargo; su lugar será tomado por la diputada Claudia Pastor.

Solo se mantuvo en su cargo la secretaria de la Sección, Martha Patricia Ramírez Lucero.

Serán estos cuatro legisladores los que decidan en las próximas semanas el futuro de Toledo; para el juicio de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca volverá la alineación titular.

LEG