El expediente con el que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la declaración de procedencia contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca por su probable participación en delitos federales no se hará público como lo pidió el Presidente de la República, aseveró el diputado Pablo Gómez (Morena).
El también presidente de la Sección Instructora en la Cámara de Diputados puntualizó que la solicitud hecha por el mandatario federal “no es posible, no lo permite la ley, las personas que tienen acceso a este expediente lo hacen en condición de sigilo.
“La ley dice que no y también está dentro de la Ley de Transparencia, está la excepción expresa. La Sección Instructora no puede dar a conocer lo que está en el expediente, no solo porque la ley lo impide y es un delito, porque no es el procedimiento, en el expediente obran nombres, datos personales, no sólo del inculpado sino de muchísimas otras personas”, enfatizó.
Por lo tanto, continuó Gómez, esas personas tienen derechos que no deben ser atropellados y los diputados serán custodios de eso.
Aclaró que si el fiscal General de la República quiere dar a conocer elementos, “será cosa de él, no nos metemos ni es nuestra responsabilidad”.
La FGR. mencionó el presidente de la Sección Instructora, puede en cualquier momento consultar el expediente, así como el inculpado e incluso puede pedir copias bajo su responsabilidad.
Sin embargo, el legislador morenista mencionó que gran parte de lo que está en el documento son los aportes de la propia Fiscalía.
Sobre la controversia del alcance que tendría la resolución que tomen los diputados federales en cuanto al desafuero de García Cabeza de Vaca, Gómez explicó que “cuando se trata de un servidor público de un estado que tiene inmunidad procesal penal federal, una vez que la Cámara resuelve el asunto, siempre que declare la procedencia, tiene que enviar esa declaratoria al Congreso local, es para todos, es una norma constitucional. Eso es una cosa de la competencia exclusiva del Congreso del estado libre y soberano de Tamaulipas”.
Ayer, la diputada Reyna Celeste Ascencio, también de Morena, presentó una iniciativa de reforma al artículo 111 constitucional para que a un funcionario local que cometa un delito federal se le pueda quitar el fuero por parte de la Cámara de Diputados y ser llevado a juicio penal, eliminando el requisito de que el asunto se envíe a las legislaturas locales.
DAMG